En sorpresivos operativos realizados de manera simultánea la madrugada de ayer en Guayaquil, Durán y Daule, en Guayas; y Huaquillas, en El Oro, elementos de la Policía Judicial (PJ) desarticularon una presunta red de concesión irregular de visas, compuesta por funcionarios de la Dirección de Extranjería del Litoral, notarios, tramitadores y policías de migración.
La Fiscalía ha tramitado 31 boletas de detención, de las cuales, hasta el cierre de esta edición, se habían hecho efectivas 21.
Segundo Ivole Zurita Zambrano (actual Registrador de la Propiedad de Guayaquil), Marco Díaz Casquete y Rodolfo Pérez Pimentel constan entre los notarios involucrados en el caso, que según indicó el ministro del Interior, José Serrano, incurren en tres presuntos delitos: tráfico ilegal de migrantes, falsedad de instrumentos públicos y asociación ilícita
Cuatro funcionarios de la Dirección de Extranjería en Guayaquil y 6 tramitadores, encargados de “reclutar” a los extranjeros para gestionar fraudulentamente las visas 9-6 y 9-4, también han sido detenidos.
Mientras tanto, los policías de migración Luis Riera Mariño, Fausto Chamba Maza, José Luis Erazo Guevara y Elio Chamba Zhamingui han sido involucrados en el caso por la supuesta falsificación de sellos y uso doloso de los mismos. Todos permanecen privados de la libertad en las dependencias del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
La Policía, el fiscal Roque Macías y miembros del GIR acudieron desde tempranas horas de ayer al domicilio de Ivole Zurita Zambrano, ubicado en la ciudadela Bellavista, quien fue trasladado a una clínica tras la detención, puesto que recientemente había sido sometido a una intervención quirúrgica.
Edwin Jarrín, secretario Nacional de Transparencia, informó que los operativos se dieron tras casi 6 meses de investigación, a cargo de los agentes de Inteligencia de la PJ, y de análisis a 1.061 expedientes.
Las autoridades encontraron irregularidades en 674; de ellos, 174 con documentación adulterada y 500 basados en la constitución de empresas societarias de papel, creadas específicamente para dar abasto a los documentos de visados de ciudadanos chinos y cubanos.
El funcionario explicó que tras una denuncia presentada por la Dirección de Extranjería del Litoral, detectaron, mediante las experticias técnicas legales, que los procesados habían favorecido deliberadamente a los extranjeros que ingresaron al país amparados en visas que fueron tramitadas mediante la presentación de documentos falsificados, escaneados o inconsistentes.
Del mismo modo detectaron una gran cantidad de empresas societarias de papel que no funcionan ni tienen domicilio. Esto se comprobó, indicó Jarrín, ya que habían declarado ante la Superintendencia de Compañías de Guayaquil una misma dirección domiciliaria, que al ser verificada dentro de la investigación resultaron direcciones ficticias.
Según las fuentes de la Policía Judicial, estas personas habrían participado en la entrega de visas haciendo uso ilegal de documentos públicos desde hace algunos meses. Aproximadamente 50 agentes participaron del operativo bajo estrictas medidas de seguridad y sigilo para no alertar a los presuntos autores del delito.
Los beneficiarios de las visas: 9-6 para unificación familiar y 9-4 para inversionista o de trabajo, habrían estado conscientes de la forma irregular con la que obtenían su documento migratorio y hacían uso doloso de él, contraviniendo las normas establecidas en la legislación ecuatoriana. Sin embargo, Serrano exhortó a los extranjeros que tramitaron esas visas de manera fraudulenta, que presenten las denuncias respectivas y que, a pesar de que se les revocará el documento, recibirán el apoyo del Gobierno para una nueva tramitación efectiva.
Luis Burgos, abogado de un grupo de detenidos, entre ellos de Blanca Paola Quinde Villacrez, indicó que sus defendidos han sido aprehendidos sin que tengan argumentos o indicios suficientes en su contra para solicitar una prisión preventiva. Asimismo, cuestionó que tanto el fiscal que investiga el caso, Roque Macías, como los agentes policiales le restrinjan la información y los procesados permanezcan privados de su libertad en un cuartel policial. “Es lamentable que se inicie una acción penal por un tema que aún no está comprobado”, indicó.
La Policía tiene previsto realizar en las próximas horas más allanamientos y aprehensiones.
