La violencia en México es un tema preocupante desde hace décadas, pues sus causas no solo provienen de la inequidad social y la corrupción que es común en Latinoamérica, sino que se ha visto afianzada por la fuerte presencia de carteles de droga, de carteles de trata de migrantes y además de pandillas con una organización regional. Eso sin contar casos como los de Ayotzinapa donde incluso el estado estuvo involucrado y no da la impresión de ser un caso aislado.
Así, uno de los sectores más afectados es el periodismo, expuesto a ser carne de cañón permanente, en caso de que se atrevan a denunciar a alguna de aquellas mafias mencionados. Este año ya son 9 los periodistas asesinados por organizaciones criminales. Y desde haca algunos años en México cada mes se tiene noticia de algún periodista asesinado. Y aunque la suma total puede no parecer tan grande en comparación a otras muertes por violencia, sí es percibido como un problema grave, no porque se crea que la vida de un periodista valga más que otra, sino porque ellos representan el poder ciudadano de la denuncia y al ser acallados violentamente, es una forma de intimidar y coaccionar a la ciudadanía en general.
El último caso que lamentar fue el de Cándido Ríos, un experimentado periodista que fue acribillado en Hueyapan de Ocampo, al sur de Veracruz. Hay una décima potencial víctima, el michoacano Salvador Adame, cuya desaparición fue denunciada por su esposa, pero oficialmente no ha sido declarado fallecido. En el caso de Ríos, el dejó un video donde daba cuenta de la crítica situación que atraviesa su país. Allí acusó a determinados políticos del municipio de Hueyapan de Ocampo, lugar donde fue abaleado. También mencionó al exalcalde del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Gaspar Gómez Jiménez, tachándolo de «conocido psicópata» que «manda matar, desaparece y nunca es investigado».
Este reciente asesinato, expone diario El País, es motivo para cuestionar la eficacia de los mecanismos de protección de periodistas del Gobierno, al que estaba adscrito. Pues de los útlimos fallecidos, tres contaban con medidas de protección e igual fueron asesinados. Es más, en los otros dos casos fallecieron sus escoltas cuando intentaban evitar su muerte. El gobierno ha enfatizado, sin embargo que la muerte de Ríos no tiene relación con su profesión.
«Todos los indicios apuntan a que el ataque no está vinculado con el periodista; todos los indicios apuntan a que se trató de un ataque contra otra persona y sus escoltas», ha asegurado este miércoles el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa. Declaraciones que la hija del periodista, Cristina Ríos Nieves, rechaza pues «a través de esa actividad periodística él desenmascaraba, acusaba a personas poderosas, a caciques del pueblo», comentó durante el funeral en su casa, según la agencia AFP.
