Tras la crisis financiera de 1998, cuando el Estado se hizo cargo de decenas de bancos cerrados, se encontraron irregularidades cometidas por los dueños y directivos de las entidades financieras.
Un problema que persiste hasta la actualidad es lo que se conoce como el hueco patrimonial, que es la pérdida no cubierta con el capital de los accionistas.
Un ejemplo: cuando el Banco del Progreso quebró, sus accionistas entregaron dinero para cubrir los depósitos de los ahorristas. Sin embargo, los fondos no alcanzaron y el Estado tuvo que suplir la falta. Esa diferencia entre lo entregado por los dueños del banco y la cantidad de dinero que había que pagar es lo que se llama “hueco patrimonial”.
Cubrirlo era responsabilidad de los banqueros, muchos de los cuales, luego de la crisis, huyeron y salieron del país. Por esos años, la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) asumió el saneamiento de las entidades financieras.
Al estar afectadas tantas personas, al Estado le tocó cubrir el hueco patrimonial. Sin embargo, más de 10 años después el Ejecutivo busca recuperar este dinero con los cobros que ha efectuado a los que se conoce como deudores de la banca cerrada.
El objetivo es que con el dinero recuperado se pague a los acreedores (aquellos depositantes que nunca pudieron recuperar sus ahorros).
La pérdida patrimonial de todas las entidades financieras cerradas a marzo del 2010 era de 2.243’945.799 dólares. Así lo publicó en esos días la Superintendencia de Bancos.
Vale resaltar que según datos de esta misma institución, son 2.910 personas, naturales y jurídicas, que tienen cuentas pendientes con la banca cerrada. Ahí, la deuda total asciende a 1.891’613.372 dólares.
Esta es una cifra distinta al hueco patrimonial. Cuando se habla de los deudores de la banca cerrada, son todas aquellas personas que tenían cuentas pendientes con las instituciones financieras por haber adquirido préstamos.
No necesariamente son ex banqueros, aunque a veces ocurre que los dueños de los bancos aparecen en estas listas por los préstamos vinculados que realizaron de manera ilegal.
Tras la desaparición de la AGD, el Banco Central inició un proceso para establecer la deuda total y analizar la gestión de la extinta entidad.
El ex Instituto Emisor recibió la cartera de al menos veintisiete bancos cerrados.
Los organismos antes citados ya han elaborado una lista definitiva de deudores. El antiguo Banco Popular tiene la deuda más grande de toda la nómina. Coincidentemente es el Banco Popular Internacional el que le debe 36’582.057 dólares.
La Universal es el segundo deudor más grande. Esta empresa tiene que pagar más de ocho millones de dólares a Filanbanco.
De ahí le siguen Asesorías Financieras y Jurídicas Andino, con una deuda por más de siete millones al Banco Popular. El desaparecido SiTv debe siete millones y medio al Banco del Progreso. La misma cantidad tiene que pagar Raider S.A. al Banco de Préstamos.
Para aminorar la deuda, tanto de las personas naturales o jurídicas, como de los propios banqueros, el Gobierno ha decidido recuperar los fondos públicos por medio de liquidaciones.
Por ejemplo, el 8 de julio de 2008, en una decisión sin precedentes, el entonces gerente de la AGD, Carlos Bravo, encabezó un operativo para incautar al menos 192 empresas del Grupo Isaías, otrora dueño del Filanbanco.
Aunque muchas eran compañías de papel, el Estado tomó el control de empresas emblemáticas como Ecudos, los canales TC y Gama, seguros Rocafuerte, Eica, entre otras grandes empresas.
