El presidente de la República, Rafael Correa, instó hoy a los grupos políticos de oposición y a sectores de la prensa que adelantan una campaña en contra del referéndum convocado el pasado 17 de enero, a no bloquear el derecho del pueblo a expresarse en las urnas.
Durante un dialogo con periodistas, Correa dijo que espera que la Corte Constitucional, que debe calificar la admisibilidad de la iniciativa gubernamental, actúe en estricto derecho sin atender las presiones que están recibiendo sus magistrados, incluso de los medios de comunicación
“Todo el mundo tiene derecho a oponerse a la consulta, pero no a bloquear el derecho del pueblo a expresarse en las urnas”, insistió y sostuvo que su propuesta que -entre sus objetivos fundamentales- busca reestructurar el sistema de justicia, en el fondo es un asunto de confianza puesto que jamás utilizará el poder para beneficio personal sino a favor de los ciudadanos.
El mandatario aseveró que está absolutamente seguro de la constitucionalidad de la consulta y criticó lo que considera “fetichismo” de sectores de izquierda, que sostienen que no se puede modificar la Constitución, redactada en Montecristi en 2008.
Aseguró que ninguna de las preguntas contenidas en el referéndum cambia la estructura del Estado y sustentó su pedido en el artículo 441 de la Constitución, que le faculta a convocar a una consulta para enmiendas constitucionales.
Las siete enmiendas propuestas, dijo, no alteran la estructura fundamental o el carácter constitutivo del Estado y lo que buscan es solucionar un problema real de inseguridad y de caos en la justicia. Por el contrario, argumentó, al frenar esta intención se restringe el derecho del pueblo a la seguridad.
A través de una de las enmiendas se pretende reorganizar al sistema de justicia y cambiar la composición del Consejo de la Judicatura de 9 miembros, que no ha funcionado, sostuvo el mandatario.
Explicó que se propone un consejo con representación del Ejecutivo, de la Asamblea Nacional, y de la Función de Transparencia y Control Social, para que durante un periodo de 18 meses asuma las funciones del Consejo de la Judicatura, lo cual, aseguró, no significa que el Gobierno vaya a dictar sentencias, como se ha insinuado.
