Dar coherencia al sistema judicial a través de la Consulta Popular, ha señalado el presidente Rafael Correa, ante distintos medios de comunicación, tras insistentes denuncias públicas y privadas del mal uso de la justicia y de la deficiente administración del sistema.
Así, la pregunta número 5 del referendum planteado a la ciudadanía consulta lo siguiente:
¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, como lo establece el anexo 5? La modificación a la Carta Magna se realizaría en el artículo 179 que actualmente señala que el Consejo debe estar conformado por nueve miembros. El cambio quedaría así: El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia (cuyo representante lo presidirá), por el Fiscal General del Estado, el Defensor Público, por la Función Ejecutiva y por la Asamblea Nacional.
El Mandatario explicó que el nuevo Consejo permitirá evaluar a los jueces que dan caducidades de prisión, que no despachan adecuadamente los juicios y optimizar sus funciones a cuestiones de políticas, grandes decisiones, evaluaciones y administración de la carrera judicial.
Opositores han censurado la idea tras señalar que de esta forma el Ejecutivo estaría arrogándose funciones. En días pasados, el analista Simón Pachano afirmó que con este procedimiento se quita al Consejo de Participación Social la facultad de nombrar al Consejo de la Judicatura.
Sin embargo, Correa ha sido enfático al señalar que el Gobierno “no quiere arrogarse funciones” y que será el propio Consejo de Participación el que elija a los vocales a través de ternas que se enviarán desde los distintos organismos.
Asimismo, se seleccionarán por medio “de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana”, señala el anexo correspondiente a la pregunta. El procedimiento, plazos y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
Con esto, el Presidente pretende además asegurar que la entidad trabaje en “las grandes líneas políticas” y no se estanque en temas administrativos que pueden ser llevados por un director ejecutivo. “Ahora los vocales se encargan hasta de las compras del papel higiénico. Sus funciones son otras”. Actualmente, “son nueve vocales totalmente descoordinados de sus administrados (los jueces)”, indicó Correa en su enlace sabatino. El ministro de Justicia, José Serrano, también denunció falencias al interior del Consejo. Según señaló, desde esa cartera de Estado se enviaron 18 comunicaciones para que dicho organismo cumpla con la ley y entregue la información para avanzar en una auditoría, pero este no ha cumplido.
“Se busca hacer un Consejo más coherente, nos ha fallado el modelo de 9 hombres totalmente desconectados de sus administrados, ahora va a ser un Consejo de 5 personas”, puntualizó.
