El juez primero de Garantías Penales de Pichincha, Andrés Salas, dictó orden de prisión preventiva en contra de los ex policías, S.U. y L.N., presuntos responsables de violación de los derechos humanos de cinco ciudadanos ecuatorianos en 1998.
En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal del caso, Angel Cajilema, relató la forma en la que estos ciudadanos habrían sido ilegalmente privados de su libertad, y maltratado física y psicológicamente.
El fiscal acusó a los implicados por el delito de detención arbitraria, tortura y tratos crueles e Inhumanos y pidió la apertura de la instrucción fiscal por 90 días, así como la prisión preventiva, a fin de asegurar la asistencia de los procesados a un posible juicio.
Este caso fue entregado por la Comisión de la Verdad a la Fiscalía General para su investigación y judicialización.
