El Procurador del Ecuador, Diego García, ratificó en entrevista con Andes, que ni el Estado ni el Gobierno han tenido participación alguna en el caso que demanda que sigue el Frente de Defensa de la Amazonía en contra de la petrolera Chevron por daños ambientales causados durante sus actividades extractivas en 19964 y 1992.
Explicó que la estrategia de la compañía “siempre ha sido que el Estado finalmente se vea involucrado para que asuma los eventuales costos que tengan que pagar por la indemnización a la que fueran condenados cuando se resuelva la causa en segunda instancia”, señaló.
Dijo que cualquier declaración dada respecto al tema por autoridades del Estado no “van más allá del apoyo de un ciudadano que ejerce su derecho de simpatía hacia la causa”. Aseguró que dentro del proceso arbitral la Procuraduría “ha dejado claro que la función judicial es independiente de las demás funciones del Estado y que no recibe ordenes del Procurador, del Presidente de la República (Rafael Correa), ni siguiera de sus superiores administrativos como es el Consejo de la Judicatura o la Corte Nacional del Justicia”.
Enfatizó que la decisión del juez “es totalmente independiente” a las acciones que pueda encaminar la Procuraduría como defensora del Estado en los procesos arbitrales. Al respecto, dijo que el organismo está manejando una estrategia global con relación a los casos que se mantienen con Chevron”, aunque no quiso revelan las medidas que se adoptarán.
Sobre las medidas provisionales dictadas por un tribunal arbitral de las Naciones Unidas a favor de Chevron, el procurador explicó que lo que se establece es la suspensión de la ejecución de cualquier fallo judicial en el caso de daños ambientales que se sigue en contra de la compañía petrolera estadounidense.
“Esto significa que el Estado y sus instituciones deben hacer todo lo que la ley les permita hacer para suspenda la ejecución del fallo judicial; sin embargo la ley no les permite a las demás instituciones, que no sea la función judicial, nos les permite hacer acción alguna”, aclaró.
Indicó, sin embargo, que la administración de justicia ecuatoriana ya prevé la suspensión de la ejecución de la sentencia en el momento de que se presenten recursos de apelación, que es lo que han anunciado ambas partes litigantes luego de que el juez de la Corte de Nueva Loja, Nicolás Zambrano, determinó que la compañía debe pagar 9.150 millones de dólares.
En este caso no habría ningún conflicto entre la decisión del tribunal arbitral y el fallo judicial dictado en Ecuador contra Chevron. “El proceso puede continuar, el juez puede dictar sentencia, lo que no se puede es ejecuta la sentencia”, puntualizó.
