El procurador General del Estado, Diego García, se mostró preocupado por la cantidad de acciones de protección solicitadas y que están amparadas en la Constitución.
García sostuvo que cerca de la tercera parte de los 15.000 juicios que la entidad estatal tramita anualmente, corresponden a la presentación de ese recurso constitucional.
“Hay un volumen muy importante, cada vez crece y por eso precisamente, al responder una de las preguntas, advertía el mal uso de las acciones de protección por parte de muchas personas en el Ecuador”, aseveró.
“Debe tener una atención especial a efectos de no degenerar una herramienta apropiada prevista en la Constitución y la ley, en una herramienta que finalmente se degenera y que, por tanto, pierde credibilidad en el sistema judicial”, añadió.
El funcionario manifestó que la mora en la administración de justicia en el país ha ocasionado que los reclamos en cortes internacionales se multipliquen.
Estas declaraciones fueron vertidas durante el seminario internacional que se realiza en Guayaquil y que concluye este viernes.
