El director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, aseguró este viernes que no necesariamente el precio de los productos ecuatorianos en Estados Unidos va a aumentar porque los productores y exportadores pueden absorber la diferencia de los aranceles y aumentar la productividad.
Los productos que ingresaban a Estados Unidos, beneficiados por el ATPDEA, representaban 11.920 empleos directos y 19.959 empleos indirectos. La decisión ecuatoriana significa un desvío comercial de 91 millones de dólares en cinco años, es decir una tasa de 18.2 millones anuales.
El presidente Rafael Correa, en un recorrido por la provincia de Los Ríos, anunció el pasado jueves que su Gobierno prepara una medida compensatoria para los actores económicos afectados. Este mecanismo se presentará al Legislativo a través de una ley económica urgente, que implica un plazo de 30 días para su aprobación.
Carrasco, por su parte, adelantó que esta compensación se puede dar a través de un abono tributario. 6.000 productores y 600 exportadores pueden verse afectados por el pago sumado de 23.9 millones de dólares de aranceles.
El pasado 11 de mayo, el presidente Correa difundió un nuevo análisis de la afectación de no suscribir un ATPEDA, pues algunos productos beneficiados por este sistema ingresan a otro que se denomina Sistema General de Aranceles (SGP).
Del pastel exportador ecuatoriano a Estados Unidos, 835 productos estaban en la ATPDEA, que corresponde a 450.5 millones del total de exportación. Sin embargo Carras anunció, en entrevista con GamaTV, que 588 de esos productos están dentro del SGP, lo que deja un saldo de 247 productos que deberán pagar arancel en Estados Unidos; que representan ventas por 223 millones de dólares.
Los impuestos arancelarios de esta venta se podrían descomponer a través de una reformulación del mecanismo de certificado de abono tributario (CAT), esto cubriría, según el director de la entidad tributario, 10.9 millones de dólares.
El exportador, finalmente, no perderá ganancia si se llega a aplicar la medida compensatoria proyectada por el Gobierno que le sugiere reducir el precio de sus productos para amortiguar el porcentaje de impuestos que cobrará Estados Unidos.
