Cientos de funcionarios protestaron el jueves en Madrid por los últimos recortes anunciados por el Gobierno, que incluyen la eliminación de la paga extra de Navidad a los empleados públicos.
Los manifestantes, entre los que había policías y bomberos vestidos de paisano, se reunieron primero ante el Congreso de los Diputados y después se dirigieron a la sede del gobernante Partido Popular, coreando «El próximo parado, que sea un diputado» y pidiendo la dimisión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
La protesta se produce un día después de que miles de personas se sumaran a los mineros llegados a pie desde las cuencas del carbón del norte del país para protestar por los recortes a las ayudas al sector, y de que el Gobierno anunciara una serie de nuevas medidas de austeridad para cumplir con los objetivos firmados con la Unión Europea.
Rajoy anunció el miércoles una batería de medidas para realizar un ajuste presupuestario en los dos próximos años y medio de 65.000 millones de euros, el mayor en la historia de la democracia española, con el fin de alcanzar la ambiciosa meta de reducción del déficit público.
A diferencia de la marcha de los mineros, que terminó con varias cargas policiales y ocho detenidos, la protesta de los funcionarios terminó casi sin incidentes.
Un fotógrafo de Reuters en un lugar pudo escuchar cómo los efectivos de seguridad que supervisaban la protesta advertían de que tenían órdenes de identificar a los asistentes, lo que provocó la disolución pacífica de la manifestación.
Además de la eliminación de la próxima extra de Navidad para los funcionarios, el paquete incluye reformas tributarias como una subida del IVA, reducciones a las prestaciones de desempleo, reducción de concejales en ayuntamientos o eliminación de empresas públicas, entre otros cambios.
Otras medidas que afectan a los empleados públicos son la reducción de los días para su libre disposición (los llamados «moscosos»), facilidades para su movilidad y un ajuste en el número de liberados sindicales.
Analistas consultados señalaron que la nueva dieta a la que someterá la economía española responde a las exigencias de la Comisión Europea tras las concesiones en materia de consolidación fiscal y ayuda al sistema financiero.
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