Para mañana está previsto que se reúnan representantes del sistema financiero del país, para analizar los alcances al proyecto de ley urgente que regulará los créditos hipotecarios, que enviará hoy el presidente de la República, Rafael Correa, a la Asamblea Nacional, como lo anunció en su enlace sabatino (pregrabado el 5 de abril).
Ayer este diario trató de hablar sobre el tema con César Robalino, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, pero indicó que estaba fuera del país y que a su retorno (martes), cuando se reúnan los representantes de la asociación y revisen el texto del Ejecutivo se pronunciarán.
Respecto a la reacción que tendrá el sector financiero con su propuesta de ley, que estipulará que la ejecución de la hipoteca (entrega del inmueble en caso de no pago) extinguirá la deuda en el país, Correa dijo: “No temo que los banqueros digan que se acabó el crédito hipotecario o que esta ley es un atentado contra la seguridad bancaria”.
A decir de Correa, esta ley impedirá que suceda una crisis similar a la de España, en donde miles de personas, incluidos inmigrantes ecuatorianos, debido a la burbuja inmobiliaria, han perdido sus casas y, pese a entregar el bien inmueble, siguen adeudando a los bancos.
Según datos de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (Conadee), unos 15.000 compatriotas están afectados por el problema de las hipotecas en ese país.
Julio Dobronski, director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Financieras del Ecuador (AIFE), manifestó ayer a El Telégrafo que en el país no hay por qué temer una posible burbuja inmobiliaria, como ha sucedido en EE.UU. y España.
Con este criterio coincidió el analista económico Jorge Rodríguez, quien indicó que en el país no hay problemas de burbuja inmobiliaria, aunque advirtió: “Hay que tener cuidado en el futuro, porque ya están creciendo un tanto los precios, no de la forma exagerada como en EE.UU. y España, pero ya se ven precios que van desde los 600 hasta 2.000 dólares el metro cuadrado”.
Esta situación es negativa, según Rodríguez, porque al largo plazo también la demanda puede verse afectada, “debido a la especulación que se da especialmente en materiales de construcción”.
Expresó que el efecto inmediato es que los bancos, ante la posibilidad de la pérdida de valor que puede generar un bien, “van a restringir los créditos y el que se va a quedar con la papa caliente va a ser la seguridad social”.
Puntualizó que esta no sería una medida conveniente en el tiempo, “porque no se puede regular un mercado en donde la oferta está en manos de particulares que van a buscar la seguridad ante todo en el momento de dar los créditos a quienes lo necesitan”.
En lo que sí le da razón Rodríguez a Correa es que la deuda contraída en España no puede ser trasladada al Ecuador, “porque eso sería un abuso terrible, que cualquier persona adquiera cartera de bancos de España para pretender cobrar aquí”.
Dobronski no quiso adelantar más criterios, pues indicó que con Robalino y otros representantes del sistema financiero han acordado brindar un pronunciamiento oficial luego de que se realice un análisis exhaustivo al tema, lo que podría ocurrir mañana o el miércoles, ya que deben “fijar estrategias”.
“Técnicamente, nosotros estamos obligados a analizar (impactos y efectos) y cuál es el contenido mismo de la propuesta que plantee el Presidente. Entonces es mejor no pronunciarse, por cautela y prudencia”, manifestó el director ejecutivo de la Asociación de Instituciones Financieras.
