La ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (e), Carmen Simoné, en El Ciudadano Radio, se refirió al proyecto gubernamental del nuevo Código Penal, y explicó las decisiones sobre las penas máximas de 35 y 28 años, que podrían establecerse en la justicia ecuatoriana.
Dijo que actualmente no existe la acumulación de penas es decir que si una persona comete más de un delito esta solo puede ser juzgada por el más grave, en tanto, con el nuevo Código, se establece que quien cometa más de un delito podrá ser sancionada por todas las infracciones cometidas, pagando un máximo de 35 años de prisión, con lo que se evitará la impunidad.
Al ser consultada de cómo llegaron a esa conclusión de que las personas cumplan con una pena de 35 años, señaló que es producto de un estudio profundo a nivel latinoamericano.
“Nosotros hemos optado por los 35 años porque consideramos que es una pena razonable (…) Además porque creemos que es un tiempo prudencial, en el que una persona comete infracciones graves y podría rehabilitarse”, explicó.
De igual forma, mencionó que se prevé mejorar la infraestructura penitenciaria “nosotros no podemos como Estado tomar la decisión de tener personas privadas de su libertad de manera perpetua”, subrayó.
En otro tema, Simoné ratificó que no se puede entender la postura del representante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Antonio Arregui, quien ha criticado al proyecto de Código Penal en el que tergiversa su contenido.
Desde 1938, el actual Código Penal establece la prohibición de que los ministros de cultos efectúen acciones proselitistas en los templos, acción determinada también en el convenio denominado “Modus Vivendi”, puntualizó.
“Son más de 73 años en que esto ha estado prohibido”, aclaró, y enfatizó que el nuevo Código Penal no contiene ninguna novedad en relación con este tema. De esta forma, no existe ninguna intención de discriminar a ninguna religión en particular.
