“La raíz del problema delictivo no son los adolescentes, sino los adultos que usan a menores para delinquir”, señaló ayer el ministro de Justicia, José Serrano, mientras explicaba el paquete de reformas penales enviado a la Asamblea Nacional.
El Gobierno considera como medidas pertinentes para el tema relacionado con adolescentes infractores, que el proyecto de ley esté encaminado a aumentar la pena a los adultos que utilicen a adolescentes para cometer delitos.
De acuerdo con la reforma, los adultos que utilicen a menores para delitos serían sancionados con una pena de 20 a 25 años; mientras que los que entreguen armas de fuego a menores tendrán una condena de entre 12 y 16 años. Además, se pretende castigar con penas que vayan de 6 a 9 años a los mayores de edad que instiguen a menores a delinquir.
Según Serrano, la reforma de ley también busca aumentar de 4 a 6 años la medida socioeducativa máxima (pena) para aquellos adolescentes que cometan una infracción que esté registrada en el Código Penal como delito de reclusión.
Serrano cree que la imputabilidad legal de los menores es un tema de coyuntura que no resuelve los temas de fondo.