El proyecto de Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, que contempla entre otras cosas el pago por esta única vez de las indemnizaciones a los ex trabajadores de los casinos, es cuestinado por asambleístas y representantes de los negocios legalmente constituidos.
El documento fue remitido con el carácter de económico-urgente a la Asamblea Nacional, que tiene 28 días para pronunciarse, caso contrario entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley.
La Comisión de lo Económico inició el análisis del proyecto, incluso, el ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, fue convocado para que explique el alcance de la propuesta, que también contempla beneficios para las empleadas domésticas y mujeres en etapa de lactancia.
“La propuesta es que el Estado pague en un primer momento, es decir, haga un anticipo en este caso del pago y posteriormente a través de la caución se recupere el dinero”, explicó.
Pero el presidente de los Casinos que funcionaban en los hoteles, Fausto Flores, consideró que se está dando un trato injusto y desigual, y que se está premiando a los empresarios irresponsables.
“No es posible que empresas que no han cumplido con impuestos, que no han cumplido, en este caso, con sus colaboradores, pero allí quién es el culpable es tal vez el Estado que no sabe controlar”, cuestionó.
El asambleísta del Movimiento Popular Democrático (MPD), Ramiro Terán, también fue enfático en señalar que el Estado no puede hacerse responsable de esa deuda.
“El Estado no puede pagar esa deuda que no es nuestra, es de las empresas privadas, pero el Estado tiene la obligación, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, es ubicarles”, expresó.
En tanto, el presidente de los Servidores Públicos, Miguel García, señaló que el proyecto es confuso e inconstitucional.
García sostuvo que de aprobarse el documento, el Estado también debería indemnizar a los empleados de otros sectores que fueron despedidos.
“Cómo es posible que el Estado, al margen de la circunstancia que están viviendo los trabajadores, tenga que asumir las responsabilidades por la irresponsabilidad y el contubernio de ciertos patronos privados, entonces esto daría el mal ejemplo”, apuntó.
Los casinos legales, que tuvieron que cerrar sus negocios, tras la aprobación de la consulta popular del 7 de mayo del 2011, han pagado alrededor de siete millones de dólares en indemnizaciones, detalló la estación televisiva Ecuavisa.
