Tras 18 meses de negociaciones entre el Estado y la empresa Petrobras para liquidar las inversiones no amortizadas hechas por la compañía durante su operación en el bloque 18 y el campo Palo Azul, al parecer llega a un feliz término, según el ministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor.
El funcionario justificó este pago, porque previo a la renegociación de los convenios firmados hubo un compromiso contractual con la finalidad de evitar el posible inicio de acciones legales.
De ahí que la Agencia Nacional de Regulación Hidrocarburífera (ARCH) recomendó cancelar esas inversiones con una tasa de actualización aproximada de 4,5%.
“Ello implica el pago de $ 217 millones a Petrobras, pero será menos el 12% que le corresponde a Petromanabí, empresa incautada por el Estado al haber sido del grupo Isaías”, recalcó Pástor. “Este es un pago justo”, según el ministro, “ya que su valor estaría sustentado en los informes jurídicos y económicos de los expertos internacionales contratados por el Gobierno, lo cual evita un arbitraje contra el Estado”.
Destacó que producto de los diálogos se logró reducir el pedido de la petrolera que eran $ 300 millones. Según Pástor, el pago total que se realizará al consorcio Petrobras (integrado por Teikoku con el 40%, Petrobras el 30% y Cayman el 18%) será de $ 191,4 millones en dos cuotas anuales e iguales.
La primera será del 50% que corresponde a $ 95,7 millones por concretarse el día de la firma del convenio que podría desarrollarse en junio. El saldo se lo pagará un año después, aplicando una tasa de interés ya convenida. “Este último punto es la causa del retraso de la firma del acuerdo alcanzado”, precisó, al indicar que deben esperar que el Servicio de Rentas Internas (SRI) determine el aspecto tributario.
Agregó que con este pago que realizará el Estado todos los activos del bloque 18 y Palo Azul se quedan en el país. Estos corresponden a las instalaciones de producción, una planta de generación eléctrica, campamentos y edificaciones que fueron implementadas por el consorcio internacional antes de 2009.
Además, el titular de la cartera de Hidrocarburos manifestó que la renegociación de contratos del año 2010, cuando pasaron de la modalidad participación a la de prestación de servicios, ha significado al Estado central un incremento sustancial en la obtención de recursos económicos.
La producción y renta generada en el bloque 18, según el gerente de Petroamazonas EP, Oswaldo Madrid, es de $ 717’039.325, manteniendo una producción diaria de 18.000 barriles, superior al estimado para esta fecha por Petrobras, que era de 16.000 barriles de petróleo. “La inversión realizada por la empresa estatal para la extracción del crudo en estos 15 meses de explotación alcanzó los $ 139’287.131”, detalló Madrid
Pástor señaló que aún en el sector existe un estimado de 40 millones de barriles de petróleo por explotar, lo cual es corroborado por Madrid, quien dijo que está previsto dentro de poco tiempo entrar a explorar los campos Balsayacu y Jatumpamba, ubicados en el mismo bloque 18.
Frente a estas cifras, el ministro manifestó que es un excelente negocio para el Estado la producción del bloque 18.
Con ello desvirtúa las aseveraciones del dirigente sindical Fernando Villavicencio, quien indicó que la indemnización acordada por el régimen por pagar a Petrobras “es un grave perjuicio para el país”.
Acusación a la que Pástor respondió: “cada vez este señor sale a decir cualquier cosa”. Para el secretario de Estado, el consorcio cumplió con su obligación contractual y con la aplicación del plan de desarrollo. “Ya en los últimos años de trabajo previo a la renegociación de contratos ya no tenía obligación de invertir para avanzar en la producción de la zona adjudicada”, mencionó.
Recuperación de recursos
La decisión adoptada por el presidente de la República, Rafael Correa, que la extracción del petróleo en un 100% sea para el Estado y a las empresas petroleras se les pague por sus servicios de explotación del crudo, en el año 2011 le generó al país $ 1.260 millones de beneficio neto. Se calcula que para 2012 sean $ 1.500 millones.
Sin embargo, el Gobierno Nacional aún no logra un acuerdo de pagos por supuestas inversiones realizadas por cinco empresas con las que no se dio la renegociación de contratos.
En la lista de compañías con las que no hubo pacto constan Suelopetrol, Tennie-Bellwhether, Consorcio Gran Colombia, la coreana Canadá Grande y CNPC de China. “Las empresas que no han realizado inversiones no se les reconocerá nada”, manifestó Pástor.
Citó como ejemplo a Tennie-Bellwhether, que no tuvo actividades productivas en el bloque Charapa. “En el lugar la compañía no había invertido desde hace siete años y reclama una indemnización”, subrayó el funcionario.
