Las intervenciones en las cuatro comisiones asignadas por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que envíen sendos informes a su similar de Biodiversidad, la cual analiza la declaratoria de interés nacional para explotar los bloques 31 y 43 del Parque Yasuní, avanzan.
La Comisión de Justicia, en su sesión 159, recibió ayer a Rafael Oyarte, experto en Derecho Constitucional. Él expuso sobre las consecuencias de una posible explotación petrolera en zona considerada intangible.
Mencionó que el artículo 317 de la Constitución obliga al Estado a priorizar la conservación de la naturaleza. Sin embargo, dijo que en el caso de los pueblos en aislamiento voluntario, si son nómadas, no tienen un territorio como tal. Para el jurista, la Corte Constitucional (CC) debe calificar la procedencia del pedido.
Mauro Andino, titular de esta Comisión, aclaró que convocar a un referendo no es una posibilidad considerada por Alianza PAIS. «El artículo 407 establece que es facultativo de la Asamblea convocar o no. No es vinculante, consideramos que no es necesario y con la resolución que expida la Asamblea es suficiente», señaló el legislador. Además, refirió que al tratarse de un pedido del Presidente, es un trámite administrativo y no se trata de una ley.
El ministro de Justicia, Lenin Lara, señaló que si se establece la presencia de pueblos no contactados en los bloques 31 y 43 no se permitiría la explotación petrolera. Pero dijo que se han hecho mayores estudios para actualizar los datos del mapa de 2009.
El porcentaje de zona intangible se entiende que está entre el 5% al 6% del parque. Lara enfatizó que parte de las acciones del Plan de Medidas Cautelares inició con una inversión de 4 millones de dólares.
Este Plan establece patrullajes fluviales y terrestres entre los ministerios de Salud, Ambiente, Justicia y Recursos Naturales no Renovables. Esto ha permitido servir como canalizadores de problemas de la comunidad hacia las distintas carteras de Estado.
Peritaje
A la Mesa de Derechos Colectivos acudió Jaime Vintimilla, especialista en esta materia, quien solicitó un peritaje antropológico en los bloques 31 y 43, con el fin de constatar la presencia o no de pueblos no contactados.
El experto advirtió que el artículo 407 de la Constitución determina por una parte, la prohibición de la actividad extractiva de recursos no renovables en las área protegidas y en zonas declaradas como intangibles, pero existe una excepción. Estos recursos pueden explotarse cuando el Ejecutivo pida a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional o mediante una consulta popular.
Vintimilla informó que en la zona del Yasuní habitan alrededor de 11 mil personas, entre waoranis, kichwas y pueblos no contactados.
DATOS
Marcela Aguiñaga (PAIS) señaló que la Comisión de Justicia revisará los temas de constitucionalidad y jurídicos para analizar el pedido del Ejecutivo.
La Mesa de Justicia también revisará el tema de las consultas prelegislativa, previa, ambiental y de ser el caso, del referendo.
Según Aguiñaga, la consulta previa a las comunidades le corresponde realizarla al Ejecutivo, como también una consulta ambiental, luego de que el Pleno de la Asamblea apruebe la declaratoria de interés nacional.
