Con 50 votos afirmativos y 44 negativos, la Asamblea Nacional negó la reconsideración de la votación sobre la objeción parcial del Ejecutivo a la Reforma electoral.
Con esta decisión los asambleístas ratificaron lo resuelto el 10 de enero pasado cuando el pleno se allanó a los artículos 14, 19, 22, 25 y a la quinta disposición general del veto presidencial.
En tanto que los artículos 21 y 27 referentes al impedimento de realizar reportajes o especiales con intencionalidad y sobre las sanciones que estarán amparadas en el Código Penal para castigar el acoso político entrarán en vigencia por el ministerio de la ley el 4 de febrero.
A las 17:00, el legislador Abdalá Bucaram (PRE) presentó el pedido para reconsiderar la votación del cuerpo legal, lo cual se realizó después del primer debate del proyecto de ley de Empresas Públicas, propuesto por Andrés Páez (ID).
En la sesión que se inició a las 15:45, en primera instancia se archivó el proyecto de Ley Orgánica de la Salud, con el voto unánime de los 104 asambleístas presentes.
En la mañana de ayer este tema no fue tratado al interior del bloque de PAIS, ya que sus integrantes se dedicaron en la mañana de ayer a analizar los últimos artículos del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación, cuyo informe será presentado por el ponente Mauro Andino.
Los sectores de oposición amenazan con presentar demandas ante la Corte Constitucional (CC) y ratificaron su posición de no aprobar los dos puntos referentes a que “los medios de comunicación se abstengan de realizar reportajes o especiales para incidir a favor o en contra de determinado candidato o tesis política”, así como que “el hostigamiento, presión, amenazas o cualquier acto de fuerza que impida el acceso a los lugares de votación serán sancionados según el Código Penal”.
Al referirse a este tema, la asambleísta oficialista Gina Godoy considera que se han creado muchos fantasmas sobre el supuesto perjuicio a la libertad de expresión, y la participación de las candidaturas , al agregar que hay que esperar la reglamentación respectiva que elabore el Consejo Nacional Electoral.
Marisol Peñafiel (PAIS) descarta que se pretenda violar los derechos o que “este sea un Gobierno que ha cuartado la libertad de expresión”.
La propuesta pretende que todos los candidatos tengamos igualdad de participación en los medios, lo cual deberá ser reglamentado, anota.
El vicepresidente de la Legislatura, Juan Carlos Cassinnelli (PAIS), defiende que la reforma electoral entre en vigencia por el ministerio de la ley el 4 de febrero y considera pertinente la realización del calendario electoral, pero aclara que eso es facultad del CNE .
Francisco Ulloa (MPD) señala que además de las acciones que otros sectores han planteado, “una vez que entre en vigencia nosotros plantearemos la inconstitucionalidad de la aplicación de las reformas”. Al cuestionar al bloque oficialista anota que “no tienen criterio y que hacen lo que les ordenan desde Carondelet. No creo que sea dable que se siga atentando a la Constitución”.
Ese criterio es compartido por Marco Murillo(MIAY), quien asegura que los calendarios electorales están dados y las reformas electorales no regirían para este proceso eleccionario. “Una vez que sea promulgado el marco jurídico presentaremos una demanda en la Corte Constitucional, sobre el método D’Hondt, que ya tiene un precedente jurídico y que fue declarado inconstitucional, y sobre la violación de la libertad de expresión como es la prohibición de entrevistas a los candidatos”, indica.
La independiente Betty Amores censura a sus ex coidearios, al decir que si hubiese habido voluntad por parte del sector oficialista, se habrían completado los 83 votos para ratificarse en el texto original.
