Repsol ha remitido una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia en la nacionalización del 51 % de YPF, con lo que la petrolera española ha dado el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional.
A partir de ahora, se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, dijeron hoy fuentes de Repsol, que no descarta emprender acciones legales en Argentina o Estados Unidos.
Con la notificación de la declaración de existencia de controversia, se inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y para que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía española por los daños y perjuicios ocasionados.
Actualmente, Repsol es el máximo accionista de YPF con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau ha valorado en 10.500 millones de dólares.
El Gobierno de Cristina Fernández ha decidido nacionalizar el 51 % de YPF y que esta actuación sólo afecte a las acciones en manos de Repsol.
Según Repsol, esta operación vulnera los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina, por lo que esta controversia debe dirimirse ante el Ciadi.
Este tipo de tratados, añadió la fuente, contienen medidas para proteger internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un Estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a proyectos en el exterior.
En estos acuerdos, suscritos principalmente con países no pertenecientes a la OCDE, los Estados asumen ciertos compromisos de trato a las inversiones procedentes del otro Estado y permiten dirimir discrepancias en un foro «más neutral» que el que dan los tribunales del país que adopta medidas que perjudican a inversiones extranjeras.
En el caso de YPF, Repsol entiende que Argentina ha violado las cláusulas que establecen que no se puede nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias, salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago de una indemnización «adecuada y sin demora».
Repsol sostiene que, previo al anuncio de expropiación, se sometió a YPF a diversas medidas para «erosionar o destruir su valor» como, por ejemplo, la confiscación de manera coordinada de diversas concesiones en distintas provincias del país.
La energética española recuerda que el 16 de abril se hizo efectiva la expropiación de YPF, mediante la «ilegítima» intervención de la compañía y la expulsión de sus directivos, sin observar las medidas de protección establecidas en sus estatutos y antes incluso de la promulgación formal de la Ley de Expropiación.
En cuanto al hecho de que la nacionalización sólo afecte a las acciones de Repsol, la petrolera considera que pone de manifiesto que se trata de una medida «discriminatoria» y contraria al principio de «paridad de trato».
Recientemente, Repsol ha remitido cartas a algunos de sus competidores -como Exxon, Chevron o ConocoPhillips -para advertirles de que emprenderá acciones legales en su contra en el caso de que acuerden eventuales inversiones en YPF y hasta que se resuelva la situación con el Gobierno de Argentina.
