“Es nuestra responsabilidad tramitar las leyes y legislar, pero las leyes son una pequeña parte de la solución en este complejo problema”, advirtió la asambleísta María Paula Romo, en el marco del primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Penal, tras señalar que se trata de la cuarta modificación en este campo, que busca dar respuesta a la inseguridad.
Al subrayar que la reforma legal es importante, pero insuficiente, precisó que se debe ser honesto con el país y decirle que no con la aprobación de una reforma se va a acabar con la delincuencia.
La legisladora del movimiento oficialista PAIS, enfatizó que la reforma legal que consta en el informe elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado tiene aspectos que pueden ayudar a aplacar, en parte, el problema.
Para el efecto, amplía las facultades de investigación de la policía judicial; incrementa las sanciones para jueces y fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva, a pesar de que las sanciones están vigentes hace año y medio, solo se han aplicado en las provincias de Pichincha y Chimborazo.
Así mismo, se ha aceptado normas para aclarar la responsabilidad que tienen dentro del proceso los fiscales; el informe de la Comisión y su sugerencia facilita, además, los mecanismos para la acumulación de penas hasta 35 años, expuso.
La titular del organismo legislativo aseveró que en el informe se propone el incremento de penas para los delitos más graves y en este momento, las penas más altas privativas de libertad van de 16 a 25 años, hoy se está ampliando de 16 a 28 años, no obstante, en el caso de delitos más graves estos rangos serían de 25 a 28 años. No es, entonces, un pequeño incremento de tres años, es un incremento de casi 10 años, en la pena mínima para delitos de sicariato o asesinato por encargo.
Igualmente, estas penas se aplicarán en los casos en que se utilicen a adolescentes para cometer delitos, en las que sancionará con mucha firmeza a quien entregue armas a adolescentes, solo se está planteando que no deban ser juzgados como adultos.
