La familia de uno de los 33 mineros atrapados desde hace tres semanas en una mina en el norte de Chile anunció que presentará una querella contra los dueños del yacimiento y el organismo público que fiscaliza la seguridad minera.
«No estoy pensando en la recompensa monetaria, estoy pensando en que las personas responsables, no solamente los dueños de la minera, sino la gente que no hizo su trabajo» de fiscalizar, dijo Carolina Narváez, esposa del minero Raúl Bustos, sobre las motivaciones de su querella.
La demanda será interpuesta en contra de Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, dueños de la Minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José, donde el 5 de agosto pasado un derrumbe sepultó al grupo de mineros, quienes serán acusados de lesiones, explicó el abogado representante Remberto Valdés.
La acción judicial también va dirigida contra el Servicio Nacional de Minería y Minas (Sernageomin), que autorizó la reapertura de la mina un años después del accidente que sufrió uno de sus trabajadores en 2007.
El Sernageomin será acusado de prevaricación por «haber dictado, en 2008, una resolución injusta que ha significado la reapertura de la mina San José», que había sido clausurada el año anterior, dijo Valdés.
La querella tienen carácter de «criminal por el delito de prevaricación, que se produce en contra de los funcionarios del Sernageomin y en contra de los propietarios de la compañía minera San José» por la reapertura de la mina, agregó el abogado a medios locales.
Una comisión del Congreso chileno investiga las responsabilidades en el derrumbe de la mina, mientras que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló que «vamos a sancionar a todos los que tengan responsabilidades en este accidente, tanto civiles como penales».
