Siete meses de trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y la Fiscalía General del Estado, permitió llevar a juicio, en la ciudad de Azogues, a Miguel ángel Dután, presunto implicado en el tráfico ilegal de personas, entre ellas, Luis Lala Pomavilla, único sobreviviente ecuatoriano de la masacre ejecutada por el cartel de narcotráfico autodenominado los Zetas, en Tamaulipas (México), entre el 22 y 23 de agosto de 2010.
Lamentablemente los jueces de la Primera Sala de lo Penal de Azogues declararon este 7 de abril del 2011, audiencia fallida por la ausencia de un testigo clave para la Fiscalía.
Las acciones efectuadas por el Ministerio de Justicia, a través de la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC) de Cañar, revelaron que el implicado en este caso poseía más bienes inmuebles de los que podía justificar, esto llevó al allanamiento de la morada, donde se encontró un listado con nombres de varias personas que recurrieron a los servicios ilegales de Dután para llegar a los Estados Unidos.
Esto permitió identificar a dos personas de origen guatemalteco que pertenecen a esta red de tráfico ilegal de personas, quienes habrían sido los que recibieron a Lala en el país centroamericano para transportarlo a México.
Este es el primer caso que llega a audiencia de juzgamiento desde que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos inauguró la OAC en Cañar, con el fin de dar atención prioritaria al problema de tráfico ilegal que existe en esta zona del país. Además de este proceso judicial, el Ministerio da seguimiento a las denuncias presentadas en contra de Segundo Bautista y Marcos Sarmiento.
Marcos Sarmiento fue acusado por facilitar la salida de María (nombre protegido) del país hasta Guatemala para llegar luego a los Estados Unidos. La familia nunca más recibió noticias de la víctima. Lo extraño es que en las oficinas de Migración de Ecuador consta el registro de ingreso de una persona, quien presuntamente suplantó la identidad de «María» para entrar al país.
Lamentablemente, el juez Luis Ortega Sacoto, quien siguió esta causa, dictó medida sustitutiva al presunto coyotero, mismo que aduciendo enfermedad no se presentó a la audiencia, actitud que evidencia la intención de dilatar el proceso.
Con respecto a Alfonso Bautista, quien usaba 8 alias para despistar a la Policía Nacional, tiene 4 acusaciones de tráfico ilegal de personas. Según una de las víctimas, Bautista cobraba la suma de 7.900 dólares por llevar ilegalmente a ecuatorianos hasta los Estados Unidos.
En total existen 48 casos de tráfico de personas en la provincia de Cañar, de los cuales se estima que el 50% son en la ciudad de Cañar; razón por la cual, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, recuerda a la ciudadanía del austro ecuatoriano que pone a su alcance el servicio de representación legal absolutamente gratuito para quienes han sido afectados por este delito.
El objetivo del Ministerio de Justicia, es proteger a las víctimas del tráfico de personas, para que estos procesos sean tratados con celeridad y evitar que estos crímenes considerados de lesa humanidad se queden en la impunidad. Adicionalmente, se busca desarticular las redes de traficantes de personas que existen en el Ecuador.
Los 72 ejecutados a manos de «los Zetas», 58 hombres y 14 mujeres, fueron en su mayoría inmigrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Las primeras investigaciones señalan que fueron asesinados porque luego de ser secuestrados, no pagaron el dinero que les exigían para dejarlos libres y también se negaron a formar parte del grupo criminal. Para el 8 de octubre de 2010, se había reconocido 50 de los 72 cuerpos, 21 hondureños, 14 salvadoreños,10 guatemaltecos, un ecuatoriano, y 4 brasileños.
