El Presidente de la República, Rafael Correa, emitió un decreto legal para la reorganización de la Policía Nacional, disponiendo que la representación legal, judicial y extrajudicial de la entidad sean asumidas por el Ministerio del Interior.
Las reformas van también a nivel administrativo y organizacional. Así por ejemplo, el personal policial de línea se dedicará exclusivamente a las actividades operativas contempladas en el Art. 4 de la Ley Orgánica de la Policía, sin que deba realizar funciones administrativas dentro de la institución, informó el periódico oficial El Ciudadano.
De igual forma dispone que el Ministro del Interior podrá reestructurar los segmentos administrativos y operativos de la institución, así como noventa días para que la entidad disponga de las medidas administrativas que fueran necesarias.
Así, todo el personal civil que labora en la Policía pasará al Ministerio del Interior y la entidad podrá evaluar y seleccionar al personal necesario para el cumplimiento de las nuevas funciones, así como suspender cargos en base a la Ley de Servicio Público.
Todas las obligaciones y derechos de carácter económico a cargo de la Policía pasarán a manos de del Ministerio, incluidos créditos, inmuebles, ingresos, gastos corrientes y de inversión.
