El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. La Procuraduría le pidió a la Fiscalía que lo investigue penalmente por haber dicho que la investigación en su contra se trató de un golpe de Estado planeado por la extrema derecha.
Según el Código Disciplinario Único, la decisión se le debe comunicar al presidente Juan Manuel Santos, quien debería ejecutar la sanción. En el momento en que Santos firme el decreto, Petro saldrá del cargo.
Se trata del fallo en segunda instancia (ambas instancias fueron de la Procuraduría) que ratifica el fallo que sanciona al alcalde por sus faltas durante el cambio del sistema de recolección de basuras en la ciudad.
La ratificación se produjo después de que el procurador Ordóñez rechazó la recusación de la defensa de Petro que señalaba que Ordóñez debía declararse impedido.
La Procuraduría además sancionó a Petro con una inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos. La destitución cancela el proceso de revocatoria que también estaba vigente y en el que se había programado una votación para el 2 de marzo.
Petro pidió movilizaciones ciudadanas en su apoyo. Varias marchas se han realizado en la ciudad en las últimas semanas.En entrevista con CNN en Español, Petro dijo que no es un personaje «cómodo para fuerzas retrógradas que apuntan contra la paz».
