“Los grandes medios de comunicación están boicoteando (la aprobación de) la ley (de Comunicación)”, aseveró este lunes Fernando Alvarado, secretario de Comunicación de la presidencia del Ecuador.
Pese a ser una disposición constitucional, la aprobación de la ley de Comunicación se ha dilatado por cerca de tres años en la Legislatura por falta de un acuerdo de las fuerzas políticas y por la presión de las empresas mediáticas del país.
El pasado 7 de mayo, los ecuatorianos ratificaron en una consulta popular la obligación de que la Legislatura apruebe la ley, lo que reactivó el debate del proyecto, que deberá aprobarse en las próximas semanas.
“No quieren la ley”, sostuvo Alvarado durante una entrevista en radio Sonorama en la cual calificó como una falacia que gremios de prensa como AER (Asociación de Radiodifusión), CCREA (Canales Comunitarios Regionales Ecuatorianos Asociados) y la Asociación de Canales de Televisión hayan contratado una cuña en la que sostienen que no existe libertad de expresión en el país.
“Están boicoteando la ley. No es una apreciación, yo estoy seguro de que están boicoteando la ley. Todos estos gremios que han usufructuado del poder están boicoteando la ley”, recalcó y agregó que para los grandes medios ecuatorianos, la mejor ley es la que no existe.
Añadió que la estrategia es esperar la aprobación de la ley para entonces “meter miedo” con cuñas, con paginas en los diarios y con marchas.
Alvarado reiteró que es una obligación moral y ética de los periodistas hacer que se cumpla la Constitución.
Uno de los argumentos para oponerse a la ley es que porque dispone el establecimiento de un Consejo que regule los contenidos explícitamente sexuales y violentos de los medios. Las críticas apuntan a una supuesta presencia mayoritaria del Ejecutivo en el ente de 7 integrantes.
No obstante, Alvarado precisó que la Presidencia de la República solo tendrá un delegado en el Consejo de Regulación. Los otros miembros son: un delegado del Ministerio de Telecomunicaciones, un representante elegido a través de concurso por el Consejo de Participación social y cuatro delegados de la sociedad civil.
