Respecto de las reformas al Código Integral Penal, se han ocasionado algunos cuestionamientos en ciertos sectores sociales. Entre ellos están representantes del sector de médicos, a propósito de las reformas sobre la mala práctica médica; y representantes del sector de la mujer para solucionar principalmente el tema del aborto legalizado.
Víctor Manuel Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, señaló que las leyes punitivas no son un método útil para solucionar los problemas de la práctica médica en el país. También expuso varias dudas que la tipificación de la mala práctica médica ha levantado entre este gremio profesional, como por ejemplo qué tan duras podrán ser las sanciones para un médico que incurriera en este delito, ante este último cuestionamiento, la legisladora de la Comisión de Justicia por AP, María Ángel Muñoz, respondió que las sanciones no irían más allá de una multa económica y la suspensión de licencia en los casos más graves.
Sobre el aborto, Liliana Durán, coordinadora del Foro Nacional de la Mujer, indicó que le preocupa «enormemente» que «nos estan retrocediendo alrededor de 100 años cuando limitan la posibilidad del aborto terapéutico cuando está en riesgo la vida de la mujer». Durán también cuestionó la forma en la que se está llevando el tema del aborto por violación, ya que sólo se considera la pena del agresor, pero no se piensa en la víctima. La legisladora explicó que han habido avances «sustanciales» en defensa de la mujer, uno de ellos es lo que se tipifica sobre el femicidio.
En el tema del aborto por violación se ha hecho un cambio estrictamente terminológico, pues la legisladora explicó que «en el aborto no punible se eliminan los términos peyorativos de 'mujer idiota y demente' por 'discapacidad mental', estableciendo como aborto no punible en el caso de que una mujer quede embarazada a causa de una violación siempre y cuando sea una mujer con discapacidad».
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