La ministra de Justicia, Johanna Pesántez, afirmó hoy que la sentencia contra Rolando Tapia, ex jefe de la Escolta Legislativa, y otros cinco policías, acusados de atentar contra la seguridad del Estado el pasado 30 de septiembre, “tiene sustento jurídico”.
Asimismo, durante una entrevista en Gama TV, manifestó que el nombramiento de un juez Ad Hoc es un argumento técnico válido que se utiliza para evitar que un tribunal quede incompleto. Lo dijo al defender la integración del Segundo Tribunal de Garantías Penales que determinó la culpabilidad de los gendarmes.
Desde el punto de vista técnico, “nombrar jueces Ad Hoc es una práctica fundamentada” ya que “hay principios constitucionales superiores como la celeridad y ningún proceso puede quedar sin jueces”, recordó la ministra.
En ese sentido, Pesántez manifestó que la suspensión del juez Javier Andrade por parte del entonces titular de la Judicatura, Benjamín Cevallos, le “sorprendió muchísimo, porque podría tratarse de una interferencia en el ámbito jurisdiccional”.
Eso se debe, según la funcionaria, a que no han existido límites claros de lo administrativo y lo jurisdiccional al interior del Consejo de la Judicatura.“Lo que ha existido es una falta de acuerdos directamente entre los vocales del Consejo”, añadió Pesántez.
Por ello, insistió en que si los uniformados no están de acuerdo con la sentencia “existen varios recursos para realizar un nuevo análisis”, como recurrir a un tribunal superior para solicitar la nulidad.
“Este caos no puede seguir, hace daño a toda la ciudadanía. Los ciudadanos debemos trabajar con el cambio que se avecina porque pueden existir las mejores leyes del mundo, pero si no existen buenos operadores de justicia da igual”, agregó.
