Mercedes Pontilla, jueza quinta de lo Civil de Pichincha, sentenció al pago de una indemnización económica de un millón de dólares a Juan Carlos Calderón y Cristhian Zurita, autores del libro El Gran Hermano, por el delito de daño moral contra el presidente Rafael Correa.
Así lo confirmó a la Agencia Andes Alembert Vera, abogado del mandatario, quien indicó que a las 8:00 de este martes fue notificado de la resolución en su casillero judicial.
El jurista dijo que en la sentencia se desecha las acciones judiciales interpuestas por la defensa de Calderón y Zurita, entre la que consta una contrademanda por USD 10 millones.
Según la resolución, Calderón y Zurita deberán pagar una indemnización de un millón de dólares cada uno.
Alembert Vera dijo que la decisión de la justicia es un antecedente muy bueno, “un triunfo de la democracia, del respeto, de la dignidad y del honor.
Sostuvo que con la sentencia queda demostrado que los periodistas mintieron y difundieron una falacia con un afán de lucro.
Indicó que aún no había informado a Correa sobre la resolución de la jueza Montilla por lo que no conoce si el mandatario podría perdonar a los acusados. “Eso dependerá del economista Correa, quien en reiteradas ocasiones ha señalado que está dispuesto a perdonar a los autores del libro si rectifican y reconocen que mintieron.
En el libro El Gran Hermano, los autores aseguran que el presidente ecuatoriano conocía sobre los contratos de su hermano, el empresario Fabricio Correa, con el Estado. Rafael Correa desmintió haber conocido sobre las contrataciones y presnetó una querella por daño moral contra Calderón y Zurita.
A lo largo del proceso judiciall, el presidente Correa planteó la posibilidad de retirar la demanda si los acusados se retractaban de su afirmación, sin embargo los periodistas no aceptaron el ofrecimiento y se mantuvieron en sus aseveraciones.
Rafael Correa ha señalado que no los demandó por ser periodistas sino por haber realizado acusaciones falsas.
Para sustentar su supuesta investigación, Calderón y Zurita se basaron únicamente en la declaración del empresario Fabricio Correa.
