Para Omar Serrano, representante de los Afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), una de las preguntas más importantes de la Consulta Popular es la número diez porque penaliza la no afiliación a la Seguridad Social.
La propuesta gubernamental plantea: ¿Está de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa a partir de la publicación de los resultados del plebiscito tipifique como infracción penal la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores en relación de dependencia?
El artículo número 34 de la Constitución establece que la afiliación al Seguro Social es un hecho irrenunciable, y por tanto ninguna persona que trabaje en relación de dependencia puede estar al margen de esta disposición. “No pueden ponerse las personas de acuerdo, el patrono con el empleado y decir no me afilies y los dos estamos de acuerdo por lo tanto no se afilian eso no es legal no es permitido”, enfatizó Serrano en diálogo con Andes.
El funcionario recalcó que la tipificación como infracción no busca perseguir ni encarcelar a nadie, sino establecer una cultura de Seguridad Social en el país y obligar a su cumplimiento de la ley. Una persona afiliada al Seguro Social tiene derecho a la salud, maternidad, pensiones de jubilación (cuando termina la vida productiva), acceso a créditos ( a través del Banco del IESS) y cuando el empleado sufre un accidente puede obtener una ayuda económica a través del seguro de Riesgos del Trabajo. “Todos esos beneficios que son fundamentales en la vida de una persona, que es la red de seguridad social , una institución que ofrece recursos que nos ampara”. Explicó que en el país existen 1 millón de personas sin seguro, situación que se complica más en los sectores informales, donde casi no existe la afiliación.
Asimismo, de acuerdo con datos oficiales, del 10% de ocupados plenos con mayores ingresos, el 60% está afiliado a la seguridad social; pero en el extremo contrario, en el 10% más pobre solo el 6% está afiliado al IESS. Es decir que un 96% trabaja sin la protección del Estado.
Para el funcionario, si esta pregunta gana, obligará también a los que están en la informalidad a establecerse legalmente y por ende afiliar a sus empleados. Además, a que los empresarios se “ajusten el cinturón” porque tendrán que pagar esos aportes y “creo que con el tiempo eso se normalizará, todos se acostumbrarán a que es un componente básico y todo será parte de una estructura laboral”. Información del IESS, muestra que la recaudación de febrero de 2011, llegó a 247’526.487 millones de dólares, el 34%, es del sector público; 63% privado, 1% voluntario.
Actualmente, el Seguro Social tiene 3 millones de afiliados, de los cuales 1’850.000 son del seguro general, 1 millón del Seguro Social Campesino, y casi 300.000 jubilados y pensionistas. Y la pensión que se paga a los jubilados es de 400 dólares promedio.
En el país las leyes sancionan con multas económicas a las empresas que adeudan los pagos patronales, es decir, a los que retienen el pago de las aportaciones, pero no existe una sanción a los patronos que no afilian a sus empleados.
