Servidores públicos y las organizaciones sindicales presentarán este viernes una demanda de inconstitucionalidad al Decreto Ejecutivo 813, el cual estipula la compra de renuncias obligatorias.
«Para nosotros el punto central es la política antiobrera que se está apareciendo en el Ecuador. Lo que nosotros queremos es que aquí en el país haya democracia, haya respeto al trabajo, respeto a la autonomía y también el derecho a la organización y la libre contratación colectiva», sostuvo Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT).
Los manifestantes tienen previsto concentrarse a las 17:00 de hoy en la Caja del Seguro, en Quito, desde donde marcharán hasta la Corte Constitucional.
El representante del FUT explicó que en la marcha participarán además organizaciones sociales, la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Conaie, entre otros.
Indicó que el día 9 se reunirán en una conferencia nacional y el 19 en Cuenca.
El decreto, emitido por el presidente Rafael Correa el pasado 7 de julio, establece una indemnización de hasta 150 salarios básicos unificados (39.600 dólares) para los servidores públicos que sean cesados con el propósito de optimizar el recurso humano y mejorar la calidad de los servicios.
