«Las autoridades de mi país detuvieron anoche a dos jóvenes que habían asesinado al hijo de un imán. Confesaron el crimen y dijeron que les habían pagado 800 dólares por cada crimen cometido», dijo el diplomático sitio durante su intervención ante el Consejo de Seguridad.
El máximo órgano de seguridad internacional aprobó hoy por unanimidad su primera resolución sobre la crisis siria, que supone el envío en las próximas horas de una avanzadilla de 30 observadores militares no armados que verifique el pleno cumplimiento del plan de paz del enviado especial, Kofi Annan.
Jafari reiteró la teoría del Gobierno del presidente Bachar al Asad de que las actividades de grupos de oposición están financiadas «desde el exterior», además de que se les proporcionaría armamento, pero no especificó quiénes serían los responsables de ello.
Además, hoy se conoció que Jafari envió dos cartas idénticas al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a la presidenta de turno del Consejo de Seguridad, la embajadora estadounidense Susan Rice, en la que denuncia que en su país se «han intensificado los ataques terroristas».
La diplomacia siria entregó así esas misivas en relación a la estrategia global de la ONU contra el terrorismo y las medidas para eliminar el terrorismo internacional.
En ella se señala que «durante los últimos días se ha producido una intensificación de los atentados terroristas por grupos armados, en particular desde que se llegó a un acuerdo en relación con el plan» de paz del enviado especial de la ONU y la Liga árabe, Kofi Annan.
Según esa misiva, en Siria «ha habido atentados con bomba, que según las investigaciones preliminares parecen obra de elementos de Al Qaeda, así como otros actos de violencia perpetrados por diferentes grupos terroristas armados».
Asimismo la carta señala que «algunos han llegado al extremo de anunciar que iban a establecer fondos para financiar, armar y hasta pagar sueldos» a esos grupos.
Según los datos proporcionados por Damasco a la ONU en ese documento, «los terroristas han matado a más de 3.212 personas entre la población civil, más de 2.088 miembros del ejército y las fuerzas de seguridad y más de 478 oficiales de policía».
Siria señala en esa carta que «entre las víctimas hay 204 mujeres y 56 niños» y que a ello se suman secuestros y amenazas de muerte «para obtener rescates: 1.570 civiles, soldados y policías han sido secuestrados, de los que 941 están en paradero desconocido, mientras que de otros se han hallado los cadáveres expuestos».
Agregan que el número de vehículos del Gobierno robados asciende ya a 2.286.
Según datos de la ONU, desde que hace trece meses comenzó el conflicto en Siria, más de 9.000 personas han muerto, 200.000 se han visto desplazadas a otros lugares del interior del país, unas 30.000 se han refugiado en los estados limítrofes y en torno a un millón de personas necesitan asistencia humanitaria urgente.