Consuelo Herrera, de 48 años de edad, tiene una familia de cinco miembros. El mes pasado pagó $23,57 por el consumo de 262 kilovatios (KW) de electricidad (más las tasas de otros servicios que se incluyen en la planilla), por lo que seguirá manteniendo el subsidio eléctrico que, desde julio, variará para quienes consumen más de 500 KW hora al mes en la Sierra y 700 KW en la Costa (solo en época de invierno).
El nuevo esquema de tarifas eléctricas residenciales no afectará a los estratos medios y populares que representan el 97,57% de los abonados del servicio y cuyo promedio de consumo oscila entre los 101 y 150 kilovatios.
El plan, únicamente, deja sin subsidio a los consumos superiores a los 500 kW/hora/mes y 700 kW (de diciembre a mayo en la Costa), es decir a 78 mil clientes, quienes se benefician del 20% del subsidio total que cubre el Estado.
Aún así, quien consume más de 500 kW mantiene el subsidio hasta este techo y solo deberá pagar la tarifa real (sin subsidio) por los kilovatios adicionales que utilice.
Por ejemplo, un usuario que actualmente consume 550 kW paga una factura mensual promedio de $63, ahora por los 50 kW adicionales de consumo, deberá pagar $65, es decir, $2 más.
El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, explicó además que el incremento para el segmento de mayor consumo (el 2,43% de los abonados) será gradual.
De acuerdo con la tabla preliminar, quienes consumen entre 501 kW y 750 kW (61 mil clientes) pagarán $0,11 cada kilovatio que exceda el techo; mientras que quienes se ubican entre los 751 y 800 kilovatios pagarán $0,16.
Tanto los sectores más populares, que se benefician de la tarifa de la dignidad, cuanto la clase media, que consume por debajo del techo, se mantienen con la tarifa de $0,04 y $0,08, respectivamente.
Es el caso de Lidia Calva, beneficiaria de la tarifa de la dignidad, que registra un consumo residencial de 40 kilovatios/ hora/mes y que paga una planilla mensual de $2,54. Ella vive en el barrio Guamaní (al sur de Quito) junto a sus dos hijas y su esposo.
La tarifa tampoco afecta a los negocios, industrias y comercios. El ministro explicó que, en caso de que una panadería o una tienda, por ejemplo, funcionen con un medidor residencial, deberán solicitar el cambio por uno comercial.
«El esquema tarifario no es un castigo o un impuesto en contra de los sectores residenciales altos, sino que busca dar una señal de eficiencia energética y focalizar el subsidio a fin de racionalizar el consumo», indicó Albornoz.
Con la aplicación del nuevo esquema tarifario, se estima un incremento en la facturación mensual de $4,7 millones.
Esto significa un ahorro de $56,5 millones anuales en subsidio que podrán ser utilizados en obras sociales, de salud, obras viales, y obras de infraestructura eléctrica.
