Las provincias ubicadas en la Amazonía ecuatoriana, de donde sale el 99,6% del crudo que exporta el país andino, recibirán 351 millones de dólares para inversión en salud, educación, e infraestructura básica. Esto debido a que la Ley de Hidrocarburos, expedida en julio de 2010, determina que el 12% de las utilidades de las empresas petroleras que operan en esa zona del país debe ser reinvertido en las comunidades cercanas a los campos donde se produce petróleo. La cifra corresponde a los 91,9 millones de dólares que, según las proyecciones de producción previstas luego de la firma de los contratos petroleros, entregaría las empresas privadas por concepto del 12% de las utilidades; y a los 258,7 millones que generan como excedente las empresas petroleras estatales: Petroecuador con 146,1 millones de dólares (incluido el bloque Río Napo que opera conjuntamente con la venezolana Pdvsa y asignará 44,8 millones) y Petroamazonas, 112,6 millones. En el caso de las empresas estatales que no reparten utilidades, la asignación obedece al artículo 274 de la Constitución que señala que “los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley”. Estos recursos favorecen a las provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza en donde existen 15 bloques petroleros operados por empresas privadas (con una producción de 48, 4 millones de barriles; 10 bloques administrados por Petroamazonas (58,1 millones de barriles) y 20 de Petroecuador, más Río Napo, que tiene administración mixta y que producen 75,3 millones de barriles de crudo. El mejor reparto de las utilidades de las empresas privadas y la asignación estatal para estos territorios, dijo el Ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, permite una mejor distribución de la riqueza. De los 45 bloques petroleros que se operan en el país, 22 están ubicados en la provincia de Orellana a donde se destinarán 143 millones de dólares. Otros 19 campos se localizan en Sucumbíos y contará con 116 millones. Napo y Pastaza tienen dos bloques cada uno. El ministro explicó que en primera instancia se beneficiarán con proyectos de desarrollo social en las comunidades y parroquias más cercanas a los campos petroleros. Para ello tienen que presentar proyectos destinados básicamente a salud, educación y vialidad. Esos proyectos serán aprobados por el Banco del Estado (Bede). “No vamos a entregar recursos en efectivo: Lo que se hará es financiar proyectos específicos para lo cual habrá un instructivo que se elaboro en los últimos dos meses con el Bede”, manifestó en días pasados el ministro Pástor. El ministro citó como ejemplo Pañacocha, donde se necesita un muelle y para hacerlo se debe desplazar a la población que está sobre el río. Según Pástor en el lugar viven 300 familias, por lo que se utilizará equipo pesado y la adjudicación tiene que ser a una empresa que pueda hacer el trabajo. “La ventaja es que son proyectos diseminados, son proyectos pequeños para agua potable, alcantarillado, etc… y son planes en los que el Bede va a ayudar a formularlos, convenientemente. También los ministerios sectoriales tiene la obligación de ayudar a las parroquias a expresarlos adecuadamente”, refirió. Hay que recordar que antes de la nueva Ley de Hidrocarburos los trabajadores que prestaban servicios para empresas petroleras recibían el 15% de las utilidades; ahora les corresponde el 3% y el 12% restante será distribuido a los gobiernos seccionales (en la Amazonía).
La norma empezó a aplicarse desde el 15 de abril pasado, fecha tope para el pago de utilidades a nivel nacional.
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