La Justicia sueca explicó que no extraditará al australiano Julian Assange a Estados Unidos, en el caso de que éste pudiese llegar a ser condenado a la pena de muerte en aquel país por revelar secretos de Estado a través del polémico portal WikiLeaks.
«Nunca entregaremos a una persona que se vea amenazada por la pena de muerte», afirmó Cecilia Riddselius, vicedirectora de Asuntos Penales y Cooperación Internacional en el Ministerio sueco de Justicia, en declaraciones al diario alemán «Frankfurter Rundschau».
La funcionaria afirmó que antes de decidir sobre la posibilidad de que Assange sea extraditado a Estados Unidos este país debería garantizar a Suecia que el prisionero en ningún caso sería ejecutado.
También subrayó que la Justicia estadounidense no ha dado hasta ahora paso alguno ante Suecia para solicitar formalmente la extradición del periodista australiano, al igual que no lo ha hecho por el momento ante las autoridades británicas.
Assange es reclamado por la Justicia del país escandinavo por las denuncias de dos mujeres por presuntas agresiones sexuales que él ha negado en reiteradas ocasiones.
Ecuador ofreció brindar las facilidades para que fiscales suecos acudieran a la legación diplomática en la capital británica e interrogaran a Assange. Sin embargo, las autoridades de ese país se negaron.
La oficina de fiscales en Suecia aseguró hoy a la BBC que es necesario que el fundador de WikiLeaks esté presente en ese país debido a las circunstancias de la investigación, aunque no ofreció más detalles.
Ayer, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Victoria Nuland, calificó de «absurdas» las acusaciones del australiano de que el país norteamericano adelanta una «cacería de brujas» en su contra, y lo acusó de estar «claramente tratando de desviar la atención del meollo de la cuestión».
Assange, de 41 años, lleva refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio, cuando pidió protección al presidente Rafael Correa, cuyo Gobierno le concedió el pasado jueves asilo ante la «decepción» del Ejecutivo británico.
Su detención se produjo en Londres en diciembre de 2010 por orden de la Fiscalía de Suecia y su entrega a este país fue decidida por tres tribunales británicos, el último el Supremo -máxima instancia judicial- el pasado 14 de junio.
