El Gobierno de Tailandia celebró la decisión de Twitter de autocensurar sus contenidos y anunció que trabajará con el portal social para bloquear todos los mensajes que vulneren las leyes tailandesas, informó este lunes la prensa local.
El ministro de Información y Comunicación, Jeerawan Boopern, calificó de «avance bienvenido» la nueva política de Twitter, que la semana pasada señaló que bloqueará «de forma retroactiva» los contenidos que vulneren las leyes locales de un país.
En Tailandia rigen estrictas leyes contra los contenidos considerados ofensivos con la monarquía, así como para limitar la libertad de expresión en Internet, lo que ha acarreado penas de hasta 20 años de cárcel para los infractores.
Jeerawan afirmó que el Gobierno ya recibe la «colaboración» de otros sitios como Facebook y Google para garantizar que se cumpla la legalidad en el país.
McFiva, una agencia de medios contratada por Twitter en Tailandia, afirmó que el nuevo sistema permite filtrar de forma automática los mensajes que incumplen las leyes, cuando antes requería la solicitud previa de los Gobiernos.
«El sistema puede filtrar automáticamente la mayoría de las menciones o derivar los mensajes», señaló Supachai Parchariyanon, director general de McFiva.
Supachai agregó que el nuevo sistema será mucho más rápido, aunque consideró que, en todo caso, el formato de 140 caracteres de Twitter no es el más popular para lanzar mensajes políticos.
En los últimos años, las autoridades tailandesas han utilizado la ley de medios electrónicos para bloquear decenas de miles de páginas web pornográficas y contrarias a la ley de lesa majestad, aunque activistas y ONG denuncian que también ha sido utilizada como excusa para acallar a opositores.
El foro de Presos Políticos en Tailandia estima que cerca de 300 personas están encarceladas tras haber sido declaradas por los tribunales culpables de «difamar, ofender o amenazar al rey, la reina o al heredero al trono».
Cientos de personas, incluidos escritores, activistas, profesores de universidad, periodistas o extranjeros, han sido acusadas de este delito en los últimos años, cuando en la década de 1990 sólo se denunciaban una decena de casos.
