La dramática y penosa situación por la que atraviesan los migrantes ecuatorianos en el mundo –quienes muchas veces son víctimas de xenofobia, abuso, tráfico y explotación laboral– ya no seguirá inadvertida para las autoridades.
El lunes anterior, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó el artículo 213 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el fin de promover los derechos humanos y fortalecer la lucha contra el tráfico ilegal de compatriotas que migran hacia los Estados Unidos, la Unión Europea y otros lugares del mundo.
«Era necesario gestar y ejecutar un proyecto no solo para proteger a los migrantes ecuatorianos, sino también para reducir los niveles de vulnerabilidad legal, social y económica», sostuvieron en días pasados los asambleístas miembros de la Comisión de Justicia.
Según José Chuquirima, subdirector de la Fundación Acción Social Cáritas – Fasca, el tráfico ilegal de personas alcanza el tercer puesto en el ranking de los delitos internacionales de mayor incidencia, luego del narcotráfico y las armas, y eso se da justamente por los montos que manejan los «coyoteros» y que oscilan entre 15.000 y 20.000 dólares, por los cuales prometen trasladar hacia los Estados Unidos a quienes caen en sus redes.
Por tal motivo resaltó el hecho de que se hayan endurecido las penas a los culpables, puesto que de esa manera el Ecuador da muestras de su contribución al combate de la delincuencia organizada criminal. No obstante, señaló que los años de condena debieron estar a la par con los que imponen a los narcotraficantes, ya que estos trafican sustancias prohibidas, mientras que los «coyoteros» trafican con la vida de las personas.
Para Romeo Gárate, fiscal Provincial de Cañar, a pesar de los esfuerzos de las autoridades y sanciones impuestas, aún hay personas que se dedican a este ilícito, lo que hace que el tráfico ilegal de personas aún esté presente en la zona del Austro, aunque no con el índice que existía hace cinco años, indicó.
El representante de la Fiscalía en esa provincia dijo que el artículo reúne mayores elementos del tipo penal que ayudan a los operadores de justicia a tener una amplitud de fundamentos por los cuales se puede imputar a los implicados.
Sin embargo, señaló que, al parecer, los asambleístas obviaron la pena en caso de lesiones, que sí consta en el Código Penal vigente, y mediante la cual se sentenció a 12 años de reclusión a José Arcesio Vásquez Marín por el tráfico ilegal de migrantes, dictada en octubre de 2012 por el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Cañar.
El delito cometido por Vásquez tuvo como agravantes los daños físicos y psicológicos ocasionados a Fredy Lala Pomavilla, sobreviviente de la masacre de Tamaulipas.
Por otro lado, el Estado declaró como política prioritaria el combate al tráfico ilegal de migrantes, y para ello, en 2010, el Ministerio del Interior asumió la coordinación del Plan Contra la Trata y otros delitos.
Para asegurar los recursos para este plan y las actividades previstas en la Agenda 2011-2013, se elaboró un proyecto de inversión que fue presentado y aprobado por la Senplades, que tiene entre sus principales objetivos incentivar y apoyar procesos de formación permanente e investigar y producir conocimiento sobre este delito.
