El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladímir Putin. A él lo acusan de crímenes de guerra en el marco de la invasión a Ucrania.
En su fallo, los jueces consideran que hay “fundamentos razonables para sostener que (Putin) es responsable de la deportación ilegal de menores a Rusia desde las zonas ocupadas de Ucrania”.
La orden de arresto abarca también a María Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos de los niños y que trabaja bajo la Presidencia rusa.
Desde el inicio de la guerra, Ucrania acusó a Moscú de secuestrar a niños ucranios, transportarlos a Rusia y formarlos para convertirlos en ciudadanos rusos.
En una primera reacción, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, aseguró que su país no acatará las órdenes de arresto.
En un efecto real del fallo es que Putin deberá ahora calcular cuidadosamente sus viajes al extranjero, pues podría ser detenido por un país que reconozca la autoridad del Tribunal.
