Con el objetivo de que los servicios de justicia sean accesibles a todos, diferentes organismos gubernamentales iniciaron la socialización de los planes creados por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), para crear conciencia sobre la problemática de las personas discapacitadas en las diferentes áreas del sector de la justicia.
A la primera reunión asistieron los ministros de Desarrollo Social, Cecilia Vaca, y de Justicia, Lenin Lara; los defensores Público, Ernesto Pazmiño, y del Pueblo, Ramiro Rivadeneira; el vicepresidente del Conadis, Xavier Torres, y los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), Néstor Arbito, Tania Arias y Paulo Rodríguez, así como delegados del Ministerio de Inclusión Económica y Social y de la Fiscalía General.
Iniciar con el censo carcelario, que estará a cargo del Ministerio de Justicia, es una de las primeras medidas tomadas. Este trabajo, que duraría unos 4 meses, incluirá el registro de las visitas y familiares vinculadas a los reos con algún tipo de discapacidad. El conteo empezará en los próximos días, aseguró Lara.
El último censo, que se hizo hace varios años, determinó que había 800 personas con discapacidad en los 47 centros de internación, que representaban el 6% de la población carcelaria, pero al momento no hay un registro real.
Los datos que se obtengan también permitirán tomar en cuenta las especificaciones que se requieran en las construcciones de los 2 centros carcelarios regionales que se levantan en Cuenca y Latacunga, a fin de permitir una adecuada accesibilidad a los reos y sus visitas.
Gustavo Jalkh, titular del CJ, dijo que con los resultados del censo se podrá establecer, en coordinación con el Ministerio de Salud, el tipo de asistencia que necesite cada uno, ya sea psicológica o médica, o «incluso tramitar el indulto para que ciertas personas que se encuentren en situación humanitaria difícil, como enfermedades terminales, puedan acceder a un trato humanitario».
La legislación ecuatoriana contempla que si una persona se encuentra en una condición humanitaria extrema o con una enfermedad catastrófica pueda, luego de los exámenes pertinentes, ser beneficiaria de un indulto.
Además de ese proyecto, Javier Torres, vicepresidente del Conadis, recalcó la necesidad de contar con expertos en lenguaje de señas en los organismos de justicia, para que puedan ayudar a los ciudadanos que acuden a las audiencias judiciales y necesiten de ese apoyo.
Otro tema que ya se está aplicando es el de «sensibilización». Por ejemplo, a los 600 aspirantes a notarios en Quito, Guayaquil y Cuenca se los capacitará sobre la discapacidad y normativas existentes, como la de exonerar de ciertos cobros en algunos trámites.
Son varios los enfoques, pero «la idea es tener un concepto global que pueda ser aplicado para hacer efectivo el acceso a la justicia para los discapacitados», comentó Torres.
