Los representantes de las universidades públicas, privadas y del Ejecutivo rechazaron hoy la intervención de la justicia en el sistema de educación superior, al señalar que la sentencia de un juez de la provincia de Esmeraldas, que ordenó legitimar un sinnúmero de títulos universitarios de la extinguida Universidad Cooperativa de Colombia, “no tiene sustento”.
El subsecretario general de Educación Superior, Augusto Espinosa, calificó como preocupante la intervención de la justicia en temas educativos ya que este tipo de procedimientos atentarían contra la autonomía universitaria. “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senscyt) ha sido tajante al indicar que uno de los propósitos es garantizar la calidad de los títulos universitarios”, señaló.
El pasado 7 de abril, el juez ángel Caicedo, del cantón Eloy Alfaro, ordenó al Ejecutivo que se registren los títulos universitarios a través de una decisión que, al momento es apelada por la Senescyt ante la Corte Provincial de Esmeraldas. “La sentencia no tiene valor académico, ningún juez tiene la capacidad para determinar que se legitimen títulos. La sentencia del juez carece de fundamento legal y consitucional”, sostuvo Espinosa.
Asimismo, se conformará una comisión jurídica que analizará y entregará un pedido a la Corte Constitucional para que tome acciones concretas para, en adelante, evitar que el sistema judicial tome decisiones sobre el curso de la educación superior.
De acuerdo a las autoridades universitarias, los problemas educativos deben resolverse al interior de cada universidad, de sus consejos académicos “Estamos conscientes de que pueden haber alumnos óptimos, pero también de que estos asuntos se deben resolver al interior de las universidades”, comentó Espinosa y añadió que en última instancia dichos inconvenientes se deben resolver en el Consejo de Educación Superior que se conformará en junio.
El presidente de la Asociación de Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas del Ecuador (Asueppe), Luis Amoroso, rechazó también “este intento de judicializar la educación superior” ya que no tendría “coherencia” con la autonomía universitaria. En ese sentido, remarcó que los reclamos de los estudiantes deben canalizarse a través de los órganos correspondientes.
“Esperamos que entiendan que es un problema muy serio, cuando se quiere utilizar la justicia para lograr que se otorgue un título académico”, advirtió Amoroso, quien destacó que la creación del Consejo de Educación Superior mejorará los procedimientos.
En esa línea opinó también el presidente del Consorcio de Universidades Particulares del Ecuador (Ceupa), Alejandro Rivadeneira, para quien “no es posible que a través de medios reñidos con la Academia se quiera vulnerar la autonomía universitaria”.
Los tres representantes destacaron que a pesar de las diferencias mantenidas durante la elaboración de la Ley de Educación Superior, en este momento unirán esfuerzos para evitar que se obligue judicialmente a entregar títulos universitarios.
“Se está vulnerando la intención de mejorar la calidad educativa”, afirmó Rivadeneira.
La alternativa para los estudiantes que fueron perjudicados por la Universidad Cooperativa de Colombia será acudir hasta la Senescyt para que su caso sea analizado individualmente.
