Rodrigo Mejía trabaja en las avenidas Naciones Unidas y Corea. Para llegar a tiempo a su trabajo, él toma un taxi desde el redondel de la ciudadela Atahualpa, al sur de la ciudad, hasta su oficina. Según el taxímetro, el costo de la carrera es 4,50 dólares, sin embargo, en dos ocasiones los conductores no han respetado el tarifario y han cobrado hasta 8 dólares.
El caso es similar al de Estefanía Avilés, quien vive en la Mañosca y trabaja en el sector La Carolina. Para ella es difícil tomar un bus que llegue hasta la institución en la que trabaja por lo que a diario coge taxi. Suele pagar un dólar cincuenta, pero hace dos meses un taxista le cobró tres dólares. «Yo le pagué con dos monedas de un dólar, pero este señor se puso furioso y me tiró las monedas en el cuello».
Casos como estos se repiten diariamente en varios puntos de la ciudad. No es raro observar en las esquinas a varias personas que intentan tomar una unidad y que son rechazadas por los conductores.
Para el director de Justicia Vial, Guillermo Abad, el servicio que prestan los transportistas comerciales, como los taxis, camionetas y buses, dista mucho de lo que la ley exige «deben cumplir con las siguientes características como accesibilidad, universalidad, seguridad, confort, eficiencia, entre otras exigencias legales «.
En Quito hay 8.800 taxis legales (de color amarillo completo), según Jorge Tupuna, presidente del Comité de Disciplina de la Federación Nacional de Taxistas-Pichincha, los autos pasan por una serie de filtros y evaluaciones que permiten depurar a los miembros que cometan irregularidades como las que se han mencionado anteriormente. Incluso se hacen inspecciones eventuales para comprobar las condiciones en las que se presta el servicio. «Me atrevo a decir que un 80% de las anormalidades es cometida por taxistas que no están legalizados».
La Ley de Tránsito establece que quienes deben controlar que los conductores cumplan los requerimientos técnicos como el del servicio que prestan son la Agencia Nacional de Tránsito y los municipios. En Quito, el control para saber si los taxímetros son alterados se hace dos veces al año, cuando los autos pasan por la revisión vehicular. Allí se hace un análisis técnico y en caso de presentar anomalías estos son reparados.
Wladimir González, director metropolitano de Control de Tránsito, explicó que en la capital se puede denunciar este tipo de casos a la línea 1800 Movilidad. Esta recepta la queja ciudadana y abre un procedimiento legal en contra del taxista. Luego de este proceso se establecen las sanciones que llegan hasta el retiro del permiso de circulación. «Lamentablemente las denuncias son pocas», acotó González.
Para Abad, los controles para sancionar a quienes incurran en actos de este tipo deberían ser similares a los que aplicaba la Policía de Tránsito en los buses de servicio urbano. Manifestó que los agentes encubiertos tomaban las unidades y comprobaban cuáles eran las faltas en las que incurría el chofer y lo sancionaban en ese momento.
