La Unidad de Investigación de diario El Telégrafo destapó este jueves un escándalo empresarial que involucra empresas con capital, patrimonio y ventas irrisorias, que no tienen maquinaria ni infraestructura, que no registran gastos en sueldos de personal, y que no acreditan experiencia en el campo petrolero, y que sin embargo, consiguieron contratos millonarios con Petroecuador.
Ello habría sido posible “gracias” a la injerencia de ex funcionarios de la entidad estatal. Una investigación interinstitucional reveló que esas compañías habrían presentado ofertas falsas para conseguir jugosos contratos con el Estado, lo que implicaría un delito contra la administración pública.
En el proceso se detectó que entre los accionistas de las empresas Termoamazonas S.A. y Gesmatec S.A. figuran personas con instrucción primaria, carpinteros, hoteleros, tenderos, taxistas, profesores, amas de casa, ex trabajadores de Petroproducción y de otras compañías, así como experimentados “inversionistas” que participan en negocios de distinta índole y que mantienen relaciones familiares entre sí.
Para ganar las licitaciones con Petroecuador, esas compañías presentaron certificados de experiencia que les proporcionaron sus propias empresas o asociadas.
Termoamazonas tiene un patrimonio irrisorio y habría presentado documentos falsos
Termoamazonas, que ganó el contrato EGER-CC-CO-004-2011 a través del Portal de Compras Públicas por 10’569.740,15 dólares, según los reportes entregados al Servicio de Rentas Internas (SRI), no registra ventas entre 2009 y 2010, tampoco cambios en el balance de esos años y no declara gastos como sueldos, salarios u honorarios de personal.
La Superintendencia de Compañías también detectó que la empresa tiene un patrimonio de apenas 5.032,64 dólares y declara poseer 967,38 dólares en bancos y cero dólares en maquinaria, equipos e instalaciones. Pese a ello, para la licitación con EP Petroecuador, se presentó como propietaria de 2 tractores side-boom Caterpillar, un tractor de oruga, 2 dobladoras hidráulicas de tubería, un camión grúa, un tanquero, un tráiler, 8 sueldas, 2 bombas de gran capacidad, compresores y otros equipos. El valor del equipo “propio” lo estimó en 500.000 dólares.
Asimismo, pese a que declara al SRI no tener ventas desde su creación, Termoamazonas presenta a EP Petroecuador certificados de experiencia facilitados por empresas afines o socias, entre ellas Petroleum Contracting y Asociados (PCA) y FPO.
Termoamazonas tiene como representante legal a Juan Pablo Aliaga Sancho, quien posee el 10% de acciones, mientras que el 90% lo tiene Sergio Fidel Centeno Adriano, quien también posee el 80% de acciones de FPO, empresa que avaló la supuesta experiencia de la compañía, así como de otras empresas contratadas por la estatal petrolera.
De acuerdo con la información presentada para la licitación, Termoamazonas estaría domiciliada en Quito (avenida Amazonas N36-177 y Naciones Unidas, edificio Torre Empresarial Unicornio), pero este Diario intentó comunicarse varias veces al teléfono de contacto: 2432108 y jamás hubo respuesta.
Como antecedente del supuesto trabajo realizado por la compañía, la prensa recogió que el 6 de mayo de este año se produjo un derrame de crudo por la rotura del oleoducto en el tramo comprendido entre el pozo Drago Este 1 y el Drago Norte 1, del campo Shushufindi (Sucumbíos), percance que “se dio a consecuencia de los trabajos de sustitución de la tubería que eran efectuados por la empresa Termoamazonas”.
Gesmatec SA y su variopinto círculo de accionistas y empresas asociadas
Otra empresa beneficiada con un contrato por la suma de 63 millones de dólares con el Estado es Gesmatec SA, que tiene como representante legal a Roberto Iván Viteri Miranda. Esta compañía, entre 2008 y 2010 reportó ante el Servicio de Rentas Internas ventas por apenas 23,62 dólares.
Gesmatec, que declaró un capital de 3.000 dólares, declara tener sus oficinas en Quito, en las avenidas Shyris N35-71 y Suecia, pero no es así. Al llamar al teléfono 02-3332610, una persona identificada como Víctor Hugo Arias aseguró que la empresa ya no funciona allí y que lo único que conoce es que se trasladaron a la avenida República. Tal persona pidió que el periodista de este Diario le remitiera un correo electrónico para, a su vez, reenviárselo a Mauricio Ortega, funcionario de esa compañía con quien mantenía contacto, pero jamás se obtuvo una respuesta.
Esta empresa tiene como gerente y accionista del 13,33% a Ana Lucía Charig Asadovay, de 31 años. En el Registro Civil y en el SRI consta que ella apenas posee instrucción primaria y que se dedica a los quehaceres domésticos, que reside en Riobamba, provincia de Chimborazo, y que es dueña de una tienda de abarrotes.
Como accionistas también figuran Myriam del Rocío Garcés Rosero, de 41 años, con instrucción secundaria, dedicada a quehaceres domésticos y residente en Ibarra (tiene el 13,33% de las acciones de la empresa); Tania Aracely Enríquez Sarango, de 35 años, licenciada en Ciencias de la Educación, residente en Quito y dedicada al alquiler de bienes inmuebles (posee el 13,33% de acciones); y Luis Adrián Mendoza Zambrano, de 30 años, residente en Chone, provincia de Manabí, quien registra como actividad laboral ser taxista (tiene el 13,33% del paquete accionario).
Del mismo modo, Valeria Estefanía Salarza Aguilar, de 22 años y con instrucción secundaria, residente en Quito, con el 13,33% de acciones; y Graciela María Bernarda Intriago Legarda, de 50 años, maestra parvularia, que reside en Guayaquil, quien no registra ninguna actividad comercial, con el 10% de acciones.
El presidente ejecutivo de Gesmatec es Roberto Iván Viteri Miranda, Ingeniero Comercial de 58 años, reside en Quito y tiene el 10% de acciones. él trabajó en 2008 en Gesmatec y actualmente consta como su actividad comercial la venta al por mayor de productos químicos.
Según información que reposa en la Superintendencia de Compañías y en EP Petroecuador, como accionistas de Gesmatec también constan: Víctor Hugo Arias Silva (al parecer, la persona que contestó el teléfono y aseguró que Gesmatec se trasladó a otras instalaciones), quien de 2008 a 2009 laboró en Petroproducción; Marcelo Fabián Cedeño
Cedeño, de 52 años, que de 2008 a 2009 trabajó en Petroproducción; Fausto Hernán Jara Martínez, de 53 años, que laboró en Petroproducción de 2008 a 2009 y en la Compañía Petrolera San Fernando en 2010; y Paúl Edmundo Sánchez Vivas, de 37 años, que también trabajó en Petroproducción entre 2008 y 2009.
La configuración accionaria de Gestamec -según se determinó posteriormente en la investigación- era una antes de conseguir el contrato y otra después de suscribirlo con EP Petroecuador. Incluso, tras la suscripción se determinó que gran parte de los accionistas fueron funcionarios de la estatal petrolera.
Secretaría de Transparencia y Fiscalía analizan la posible afectación al Estado
Tras determinarse la presunta falsedad de ofertas que presentaron esas empresas para lograr millonarios contratos con el Estado, se emprendieron acciones judiciales que actualmente se hallan en la Fiscalía en etapa de indagación previa.
El punto de partida para iniciar las investigaciones fue una denuncia que data del 29 de julio de 2011 presentada en la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (SNTG), la cual alertaba que, presuntamente, ciertas “empresas de papel” se estarían beneficiando de millonarios contratos con Petroecuador “gracias” a la adulteración de documentos y a la “ayuda” de funcionarios de la misma estatal petrolera.
Del análisis de los contratos y documentos se encontraron indicios que derivarían en dos presuntos delitos: en contra de la Administración Pública y de falsedad.
Ante la denuncia conocida el 29 de julio de 2011, la SNTG inició los análisis respectivos y, tras obtener los resultados preliminares, decidió adoptarse las siguiente acciones:
– El 14 de octubre de 2011 presentó una alerta respecto al delito ante la Fiscalía General, para que se llevasen a cabo varias diligencias.
– El 17 de octubre, la Fiscalía General dio inicio formal a la fase de indagación previa. Se solicitó la certificación de las empresas involucradas a través del SRI, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Relaciones Laborales, el Municipio de Guayaquil, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y la Secretaría Nacional de Aduanas.
– El 2 de marzo de 2012, el gerente general de la empresa Termoamazonas designó como abogado defensor a Mario Ochoa Córdoba, hermano de Manuel Ochoa Córdoba -socios de empresas ligadas- quien solicitó que se receptara su versión.
– El 21 de marzo de 2012 se realizaron actos urgentes con órdenes de allanamientos en las diferentes oficinas y áreas de EP Petroecuador para incautar computadoras y extraer la información de los servidores públicos involucrados, con el fin de que, a través de una pericia sobre la información obtenida, se establezca y demuestre sus presuntos vínculos con empresas y personas que participaron en estos actos de supuesta corrupción.
Gracias a ello se incautaron 13 computadoras, se extrajeron correos electrónicos institucionales e información sobre procesos realizados desde hace 5 años atrás de los servidores públicos involucrados, quienes habrían participado en los procesos contractuales materia de la investigación.
– Desde el 30 de marzo hasta el 11 de abril de 2012, se notificó con el visto bueno para dar por terminada la relación laboral con funcionarios de Petroecuador, presuntamente implicados en el delito, quienes fueron cesados de inmediato de sus cargos.
Los empleados notificados y separados de la empresa estatal son: Milton Vinicio Freire Freire, Alejandro Alfredo Añazco Rivera, y Miguel Leopoldo Palomeque Tápia, de la subgerencia de operaciones, gerencia de explotación y producción; Julia Elizabeth Montenegro Martínez y María de las Mercedes Cevallos Varea, de coordinación general de asesoría y contratos, gerencia de explotación y producción; édgar Fernando Ramírez Rodríguez, de coordinación general de asesorías y contratos, gerencia de refinación; Leonardo Javier Suárez Serrano, de la procuraduría gerencia general; Byron Santiago Ortega Garrido, Mario Lauro Robles Reyes y Mario Patricio Medina Sánchez, de la subgerencia financiera, gerencia de exploración y producción; y Byron Santiago Nieto Ríos, superintendente de Shushufindi.
Varios de los funcionarios citados habrían participado no solo en uno, sino en varios de los comités técnicos de los procesos contractuales investigados. Por ser cargos de libre nombramiento y remoción, el 8 de marzo de 2012 también fueron cesados en sus funciones Dalton Muñoz, ex gerente de exploración y producción; y Héctor Baldeón, ex coordinador general de asesorías y contratos, gerencia de exploración y producción.
Con el objetivo de continuar los trámites de visto bueno, por otra parte, la Inspectoría del Trabajo pidió audiencias de investigación a las que debieron acudir: Leonardo Javier Suárez Serrano, María de las Mercedes Cevallos Varea, Mario Lauro Robles Reyes, Byron Santiago Nieto Ríos, Milton Vinicio Freire Freire y Byron Santiago Ortega Garrido, en una primera instancia. Estas diligencias se cumplieron del 12 al 16 de abril de este año.
En cambio, con respecto a los implicados Javier Vargas, José Llerena, Máximo Romero y Guillermo Ortega, en base a la normativa interna de la estatal petrolera, se encuentran en proceso dministrativo, ya que su participación fue la de elaborar los pliegos precontractuales, mismos que debían ser revisados y aprobados por los respectivos comités técnicos.
Informe preliminar considera que la debilidad estuvo en el registro de proveedores
El análisis de las evidencias encontradas por las autoridades de control revelaría que la falla habría estado en el proceso de registro y calificación de los contratistas que, en este caso, suscribieron con Petroecuador un proceso que estuvo a cargo de la misma empresa y del Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP).
Tras detectarse que el punto débil estuvo en el registro de proveedores, el directorio de la estatal petrolera decidió adoptar los procedimientos aplicados por la también estatal Petroamazonas y contratar únicamente con empresas calificadas por esa empresa, por contar con un modelo de registro más riguroso.
