Luego de una reunión de tres horas, asambleístas ecuatorianos de oposición y del oficialismo lograron un consenso para avanzar en dos polémicos aprobados en la consulta popular del pasado 7 de mayo: la designación de un delegado de la Asamblea al Consejo de la Judicatura transitorio, y retomar el debate de la Ley de Comunicación.
Los legisladores jefes de bancadas acordaron reactivar el trabajo de la Comisión de Comunicación, que hará un alcance al informe de mayoría con el aporte de todos los sectores, para ponerlo a consideración del pleno de la Asamblea, dijo el asambleísta Jimmy Pinoargote, del Movimiento Municipalista.
Para garantizar que no exista un veto del Ejecutivo a esta ley, considerada por el asambleísta de la Izquierda Democrática Andrés Páez, como “piedra de toque”, un delegado del presidente de la república podrá participar en el debate para que exista un análisis coordinado entre las dos funciones del Estado, según el acuerdo.
“Vamos a tratar de construir una ley que no tenga, bajo ninguna circunstancia, algún obstáculo”, dijo Pinoargote. Los jefes de bancada mantendrán una nueva reunión para definir los puntos específicos del acuerdo, agregó el legislador.
En la reunión de este miércoles, los parlamentarios dejaron en manos del Consejo de Administración Legislativa (CAL) la elaboración de una regulación que permita recibir todas las iniciativas para ejecutar el pronunciamiento popular expresado en las urnas.
Antes de que se proclamen oficialmente los resultados de la consulta, el Pleno no puede hacer el tramite pero sí recibir los proyectos que en esta materia presenten los asambleístas.
En el tema del delegado de la Asamblea Nacional al Consejo de la Judicatura de transición, precisaron que el nombramiento se lo haga de forma transparente y que no sea un servidor de la Función Legislativa, sino una persona independiente a quien se le pueda realizar un seguimiento de su trabajo, puesto que los tres integrantes de esta Comisión Técnica que asumirá las funciones del Consejo de la Judicatura, serán sujetos de juicio político.
La mayoría aplaudió la iniciativa del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, para adelantar un consenso respecto a los temas de la consulta, y reconocieron que las propuestas del Ejecutivo son un mandato constitucional que deben cumplir.
Pese a que habían adelantado su desconocimiento a los resultados del referendo, los asambleístas Fausto Cobo y Fernando Aguirre, de Sociedad Patriótica, así como legisladores de Pachakutik y el Movimiento Popular Democrático participaron de la reunión. Sobre esto, el asambleísta Cobo, al ser requerido por el periodista de la Agencia Andes, se rehusó a responder y justificó su negativa bajo el argumento de que él le da declaraciones a quien le da la gana.
