La aplicación de la Ley Derogatoria a la Ley de Burós de Información Crediticia, tal como fue aprobada por la Asamblea el 2 de octubre, restaría agilidad en la entrega de créditos debido a que ya no se contará con suficiente información para realizar las evaluaciones de las personas y las empresas.
El presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, explicó que este será uno de los efectos de la ley si el presidente Rafael Correa no incluye las sugerencias que el gremio elabora respecto al texto aprobado por la legislatura y que al momento espera el pronunciamiento del Ejecutivo.
El proyecto plantea la eliminación de los burós privados de información crediticia y de la central de riesgos. En su lugar propone la creación de un Registro de Datos Crediticios que será administrado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), una institución estatal.
Los burós deberán transferir a la Dinardap los siguientes datos: nombres de los titulares de los créditos, número de cédula o RUC, cantidad de créditos y montos adeudados al sistema financiero, a las casas comerciales y a las instituciones de la economía popular y solidaria.
