El pasado viernes 14 de junio la Asamblea aprobó el proyecto de Ley de Comunicación, normativa que rige a toda la actividad periodística en el Ecuador. De los 119 artículos que contiene la ley, hay uno en especial que llama la atención de los medios de comunicación privados: el que incluye la figura de «linchamiento mediático». A partir de este término ha surgido el rechazo por parte de varios medios, periodistas y asambleístas de oposición.
Según el Art. 26 de la Ley de Comunicación, el linchamiento mediático prohíbe la «difusión de la información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública.»
Dos días después de su aprobación, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) publicó un comunicado para rechazar la Ley de Comunicación, afirmando que «la Asamblea ha aprobado una ley de medios que tiene el propósito de apuntalar el monopolio mediático gubernamental creado por el gobierno del presidente Rafael Correa».
Esa publicación denominada «Alerta a la opinión pública nacional e internacional», que circuló en los diarios miembros de la Aedep, emite varios juicios sobre la Ley, pero no argumenta en qué se basa la asociación para expresarlos.
Con respecto al linchamiento mediático, la Aedep señala que esta figura va a «instaurar la censura previa, va a acabar con el periodismo de investigación que se hace en los medios privados y con el seguimiento periodístico de los temas noticiosos de interés nacional»
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Grupo Andino de Libertades Informativas, la Aedep y otras organizaciones, enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para pedirle que se pronuncie contra la nueva Ley de Comunicación de Ecuador.
La misiva evidencia su inconformidad con la Ley y califica, entre otros aspectos, a la figura de linchamiento mediático como contraria a los estándares internacionales e indica que pone en «situación de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa en el Ecuador».
El asambleísta de Alianza PAIS, Mauro Andino, defendió en una entrevista para Gama, que la figura, tal como explica la Ley, se aplica cuando las publicaciones son reiteradas y tienen la intención de causar daño a una persona.
La ley de Comunicación dispone la creación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, un organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria para hacer cumplir la normativa de regulación de la información y comunicación.
Esta Superintendencia, según el Art. 26 en relación al linchamiento mediático, podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas:
1. La disculpa pública de la o las personas que produjeron y difundieron tal información.
2. Publicar la disculpa establecida en el numeral anterior en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la Información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas.
Además señala que estas medidas administrativas se aplicarán «sin perjuicio de que los autores de la infracción respondan por la comisión de delitos y/o por los daños causados y por su reparación integral».
Con respecto a estas medidas, el periodista Alfredo Pinoargote afirmó en Contacto Directo, programa que dirige, que en los últimos seis años la ciudadanía ha visto ese linchamiento a los periodistas, a través de las cadenas de televisión de la Secretaría de Comunicación. Pinoargote sugirió, mediante preguntas al asambleísta Mauro Andino en el mencionado programa, que no hay una garantía de que el Gobierno sea sancionado como detalla el Art. 26, ya que el Superintendente de Información y Comunicación será un funcionario nombrado por la misma Presidencia.
El periodista Gustavo Abad expresó que el linchamiento mediático se podría prestar para un uso político, según cita un artículo de diario El Comercio. «Si un funcionario es investigado por corrupción, abuso de poder, etc., podría argumentar que es objeto de linchamiento», subrayó Abad.
Por su parte, Patricio Donoso, asambleísta del movimiento Creo, sostuvo en entrevista para Ecuavisa, que con el linchamiento mediático nunca se habrían conocido casos de corrupción como el de Watergate (EEUU), que implicó la renuncia del ex presidente Richard Nixon.
Con estas comparaciones, se puede evidenciar que la preocupación por la figura de linchamiento mediático surge por la suposición de que no permitirá que la prensa investigue casos de interés público que involucren a funcionarios en casos de corrupción.
Frente a esto, el presidente Rafael Correa, en el enlace ciudadano 327, reiteró que la figura no tiene el objetivo de atacar al periodismo de investigación o simular algún tipo de censura previa al trabajo periodístico, siempre y cuando se trate de información veraz, contrastada, contextualizada y verificada.
Además, instó a los periodistas de investigación a que no tengan miedo, pues la figura solamente regulará el accionar de mala fe, encaminado a destruir la honra, la vida y la familia de los personajes públicos.
Frank La Rue, relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió al presidente Rafael Correa que no sancione la Ley y la envíe de regreso a la Asamblea para ser «ampliamente discutida», pues él considera que la normativa «no fue sometida a una amplia consulta con los diferentes actores sociales».
Varios medios privados atribuyeron esta petición a la ONU con titulares como «ONU pide que Ley de Medios vuelva al Pleno» de diario El Comercio, «En ONU ven daños a libertad de prensa en Ley de Comunicación» de El Universo, entre otros. Ante esto, la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Quito, emitió un comunicado en el que aclara que los juicios emitidos por relatores especiales no representan al organismo.
Las peticiones de La Rue se unen a las de Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y asociaciones de medios privados de varios países que rechazan la Ley, pero no especifican en qué basan sus opiniones sobre dicha normativa.
El presidente Correa hizo caso omiso a esas peticiones y rechazos, pues en el enlace 327, grabado el viernes en San José de Minas en Quito, el mandatario firmó el ejecútese a la Ley Orgánica de Comunicación, por lo que el 25 de junio de 2013 entró en vigencia, tras ser publicada en el Registro Oficial.
