Las personas que sean detenidas en delito flagrante o con órdenes judiciales solo permanecerán en las unidades policiales el tiempo que demoren los chequeos médicos. “Los calabozos que hay en estas dependencias serán cerrados y así se evitará inconvenientes”, expresó Joel Loaiza, comandante del IV Distrito de la Policía.
Esta es una de las disposiciones del ministro del Interior, José Serrano, para dar cumplimiento a la Constitución del 2008, que en el artículo 203 en su parte pertinente dice que sólo los Centros de Detención Provisional (CDP) o los Centros de Rehabilitación Social (CRS) son los sitios autorizados para mantener a personas privadas de la libertad (ppl).
Loaiza explicó que hace dos semanas se pidió al personal policial que se cumpla con esta norma y el mismo pedido se lo hará en estos días en otras unidades de la provincia. “Se tiene que cumplir con lo que dice la Constitución”, agregó.
Leonardo Berrezueta, viceministro de Seguridad Interna, expresó que el interés del Gobierno es que se respeten los derechos humanos de las ppl y que se investiguen las denuncias de familiares por supuestos abusos policiales y torturas a sus allegados.
El funcionario enfatizó que el personal del Ministerio del Interior hará un seguimiento en todo el país, para que se cumpla con esta disposición y adelantó que en los sitios donde están construidas las celdas se destinarán otras áreas para los uniformados. Las remodelaciones se las coordinará con la Unidad de Construcciones.
