Al menos 150 mujeres, presuntamente relacionadas con delitos de trata y explotación sexual fueron rescatadas el pasado fin de semana gracias a un operativo especial desarrollado en Cotopaxi, Imbabura y Pichincha, en Ecuador, y en la capital colombiana, Bogotá.
57 de las víctimas fueron trasladadas a un centro de acogida en Ibarra, tras ser liberadas de una banda organizada transnacional que actuaba en distintas ciudades de Ecuador y Colombia.
El rescate se dio luego de un operativo de carácter binacional, ejecutado por la Fiscalía General del Estado, y los departamentos policiales de Criminalística, Dinapen, Agentes de Inteligencia, Unidad de Lavado de Activos, Trata de Personas y la Intendencia de Imbabura.
La intervención se produjo tras casi dos años de trabajo de inteligencia desarrollado por agencias de investigación de Ecuador y Colombia. Como resultado del operativo, se detuvo a 4 supuestos responsables de trata, quienes al momento se encuentran con prisión preventiva.
Según los investigadores, los captadores controlaban una peluquería en Bogotá, desde la cual ofrecían trabajo en Ecuador. Desde la capital colombiana las víctimas eran trasladas a Ecuador, en donde son recibidas y llevadas a locales de tolerancia para ser explotadas. Una de las formas de someterlas es el permanente endeudamiento.
Durante el operativo en Bogotá se efectuó la detención de cuatro de los captadores pertenecientes a la misma banda delictiva.
No todas las mujeres involucradas en el operativo son víctimas de trata. Del peritaje inicial se determinó que al menos cuatro de las víctimas efectivamente eran explotadas bajo esta modalidad. Dos fueron ubicadas en Ibarra, en el centro nocturno denominado Toque-toque; una, en Quito en el night club Doll House, y una última en Carchi.
Doce personas fueron retenidas por no portar documentos de identificación. Cinco de ellas se acogieron al programa de Protección a Víctimas y Testigos (Fiscalía General del Estado) y Cancillería para ser regularizadas. Con otras 7 se inició el correspondiente proceso de deportación, mientras tanto, fueron ubicadas en centros de acogida controlados por el Estado.
La mayoría de las personas investigadas son trabajadoras sexuales, adultas y documentadas. El trabajo sexual no es un delito, por lo tanto, no se puede retener en contra de su voluntad a las personas que desarrollen esta actividad bajo su voluntad expresa.
