Por: Juan Alvaro Cortes
Los Diálogos de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, que se adelantan en la Habana, Cuba, están próximos a reanudarse el 13 de enero. Después de haber llegado a acuerdos en el tema agrario y en el tema de la participación política, tras un año y dieciocho ciclos de diálogos, se ha abordado el tercero y tal vez más importante punto de esta negociación por la paz: el tema de las Drogas Ilícitas. Su importancia se debe a que ha sido la economía de las drogas ilícitas el motor principal del conflicto colombiano en su etapa moderna, transformándolo y creando nuevos actores y nuevas violencias. En pocas palabras, la guerra del vecino país está determinada por el narcotráfico.
La sostenibilidad de la paz depende en gran medida en acabar con este recurso para la guerra y la violencia, dando una opción de desarrollo a los campesinos que viven del cultivo de la hoja de coca, la marihuana y la amapola. El grupo guerrillero puso sobre la mesa el documento titulado «10 propuestas mínimas para una Política Anti-drogas». El eje principal de la propuesta es el desarrollo de una «Política antidrogas integral, soberana, democrática y participativa, orientada a los pobres del campo y a los consumidores». Se trata de una posición que han mantenido a través de todos los diálogos, al hablar de una política «soberana», la no intervención de los EE.UU.
La lucha contra el narcotráfico se ha desarrollado en el esquema de la Guerra contra las Drogas, que comenzó en 1974 durante el gobierno de Richard Nixon en los Estados Unidos y del colombiano Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002). En ese período se activó el Plan Colombia, que debía lograr la erradicación de cultivos ilícitos y buscar el desarrollo económico y social de las regiones productoras. Catorce años después de estar en vigencia, y haberse prolongado durante las dos administraciones de álvaro Uribe (2002 – 2010) y el actual gobierno de Juan Manuel Santos (2010 – 2014), el Plan Colombia se ha mostrado incapaz de detener la producción de narcóticos y su flujo hacia los principales centros de consumo en Estados Unidos y Europa.
Su componente para el desarrollo económico y social fue un total fracaso y quedó convertido exclusivamente en una iniciativa militar y de erradicación de cultivos mediante fumigaciones con glifosato de sodio. El Plan Colombia fue percibido por algunos países de la región como una herramienta del imperialismo norteamericano, especialmente por los gobiernos de corte socialista de Venezuela y Ecuador. El conflicto se desplazó hacia las regiones fronterizas, originando fuertes tensiones que derivaron a un problema de seguridad regional. Pero lo más grave ha sido la profundización de la crisis social en las regiones productoras, donde el campesinado se ha visto abandonado completamente por el estado y ha sido víctima de los actores de la guerra que lo han asesinado, esclavizado o desplazado.
Una política «integral… orientada a los pobres del campo y a los consumidores», es la propuesta de las FARC, enfocándose en las principales víctimas. Los campesinos colombianos se han visto en un callejón sin salida, donde la única opción que han tenido es la siembra de la hoja de coca, de marihuana o de amapola, pues sus regiones no han contado con la infraestructura necesaria para que otros cultivos puedan tener éxito económicamente. La siembra de cultivos ilícitos los ha llevado a estar en el ojo del huracán de la guerra.
Siendo Colombia una nación productora de drogas desde los años setenta, la población de consumidores ha crecido dramáticamente. Hoy en día la drogadicción es uno de los grandes problemas de salud pública, pero la ley sigue tratando a los consumidores como delincuentes. Las FARC proponen el «Tratamiento del consumo de drogas psicoactivas como problema de salud pública y descriminalización de los consumidores». La despenalización del consumo es uno de los pasos necesarios que va a la realidad del problema, los consumidores no son delincuentes. Una política antidrogas cuyo eje central sean las víctimas principales no sólo es socialmente acertada, es históricamente justa.
Pero, ¿qué tan real es pensar que se puede consolidar una política soberana? El sistema económico de las drogas ilícitas es global, no está limitado o determinado por las fronteras nacionales, su funcionamiento va más allá de lo nacional, abarca el mundo entero. Como en toda economía, existe una demanda y una oferta. En este caso, la demanda se encuentra en los países que las FARC llama «del capitalismo central», Estados Unidos y Europa. La oferta viene de países del mundo en vías de desarrollo, Colombia, Perú, Bolivia, Camboya, Afganistán, Paquistán y la distribución implica la participación del resto del planeta. La ilegalidad es lo que ha determinado que este sea un negocio tan lucrativo y ha hecho que surjan mafias, corrupción estatal, violencia, subdesarrollo.
Pensar en una legalización en Colombia sin que esta misma se dé en los centros de consumo no es viable, pues continuaría existiendo la misma demanda ilegal con el enorme flujo de dinero que haría imposible su control. En este momento de la historia, la política soberana significa el comienzo de un debate entre los estados afectados por el problema. Pero un debate entre iguales, sin subordinados. Se trata de lograr un consenso que supere la política impuesta por los Estados Unidos desde 1974. El escenario de este debate ya es posible, el argumento principal es el total fracaso de la Guerra contra las Drogas. Pese a los billones de dólares que se han gastado en El Plan Colombia y en las instituciones de seguridad Norteamericanas, el flujo de narcóticos continua, y el costo humano, social, económico, político y ecológico es incalculable.
El poder corruptor del narcotráfico debilita a los estados latinoamericanos y hace que desvíen sus recursos a una guerra sin sentido y sobre todo sin fin, pues mientras exista la demanda por narcóticos, existirá el recurso para alimentar todo el sistema de las drogas ilícitas. El baño de sangre que vive México es el más claro ejemplo de esta tragedia.
Líderes latinoamericanos están hablando de la necesidad de cambiar el paradigma en el manejo de este problema, y lo que es más importante, líderes en el poder. El presidente Juan Manuel Santos ya ha expresado públicamente el fracaso de la Guerra contra las Drogas y la necesidad de buscar un paradigma diferente. El presidente José Mujica adelanta un proceso que ha logrado la legalización de la marihuana en Uruguay. El presidente Rafael Correa también ha manifestado la necesidad de cambiar esta política.
El mes pasado, en el marco del Primer encuentro internacional por una política y legislación alternativa a la Guerra contra las Drogas, Ecuador ratificó su postura frente a este fenómeno. Y esto es comenzar a pensar en la despenalización de la marihuana. La viabilidad de la política soberana que plantean las FARC depende de la cohesión entre los estados latinoamericanos para poder llevar a Estados Unidos y Europa a sentarse a la mesa y empezar a discutir el problema como algo mundial, es lo que las FARC llaman: «Responsabilidad de los Estados del capitalismo central, compromisos regionales y requerimientos para la implementación de una política antidrogas de carácter global».
Los diálogos de Paz se reanudarán para buscar un acuerdo en el tema de las Drogas Ilícitas, que sería el tercer punto acordado y con esto estarían a mitad de camino, faltando tres puntos: la reparación a las víctimas, la desmovilización y el mecanismo para refrendar el acuerdo de paz. Desde la culminación del último ciclo han pasado sucesos importantes en el tema de drogas: Uruguay implementa la legalización de la marihuana, Colombia y Estados Unidos suspendieron las fumigaciones con glifosato por primera vez desde el comienzo del Plan Colombia por causa de la muerte de un piloto norteamericano y por las heridas que sufriera otro durante operaciones contra el narcotráfico, y, recientemente, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, se aprueba el uso recreativo de la marihuana.
Foto: Embarque de soldados de la Brigada de Lucha Contra el Narcotráfico para una operación de erradicación de cultivos ilícitos en el sur de Colombia, Unidad creada con recursos del Plan Colombia. Juan Alvaro Cortes
Trabajos citados:
Comercio, E. (20 de Noviembre de 2013). La región debate sobre la despenalización de las drogas. Recuperado el Diciembre de 2013, de elcomercio.com: http://www.elcomercio.com.ec/seguridad/drogas-despenalizacion-Ecuador-Consep-narcotrafico_0_1033096793.html. FARC, E. (3 de Diciembre de 2013).
Desarrollo 10 propuestas mínimas – Política Anti-drogas. Recuperado el Diciembre de 2013, de PAZFARC-EP.ORG: http://pazfarc-ep.org/index.php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/delegacion-de-paz-farc-ep/1577-desarrollo-10-propuestas-minimas-politica-anti-drogas.html#video
