A las 9:05 de este lunes, El Tribunal II de Garantías Penales de Pichincha reinstaló, de manera reservada, la audiencia de juzgamiento del jefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, y de otros 5 policías acusados de atentado a la seguridad interna del Estado.
Tapia y los gendarmes Mario Flores y Patricio Simancas están acusados de impedir la instalación de la sesión de la Asamblea Nacional, el 30 de septiembre. Mientras Marco Tibán, Francisco Noboa Ramos y Carlos Enrique Tasinchana, son señalados como cómplices.
Renato Vázquez, juez segundo de Garantías Penales, alegó que por tratarse de un delito de seguridad del Estado en la audiencia solo debían permanecer las partes procesales y los testigos, por lo que ordenó desalojar a la prensa y decenas de personas que llenaban el auditorio de la Corte de Justicia, donde se desarrolla la diligencia.
Luego del pronunciamiento del juez, elementos policiales procedieron a desalojar a testigos y demás presentes en el auditorio.
Decenas de personas llegaron desde temprano para respaldar el pedido del presidente de la República, Rafael Correa, en el sentido de que los hechos del 30 de septiembre no deben quedar en la impunidad.
Ese día un grupo de policías se insubordinó contra el régimen y atentó contra la integridad de Correa, lo que se considera un intento de magnicidio. En la Asamblea Legislativa, los uniformados agredieron e impidieron el ingreso de los legisladores afines al Gobierno.
El canciller, Ricardo Patiño (miembro del buró político del movimiento oficial Alianza PAIS) se solidarizó y recalcó que la responsabilidad de la Escolta Legislativa era garantizar la seguridad de todos los asambleístas, obligación que no cumplieron.
Responsabilizó también al asambleísta del opositor Sociedad Patriótica, Gilmar Gutiérrez, de ser quien comandaba y daba órdenes a los alzados.
El asambleísta Pedro de la Cruz -uno de los testigos- declaró a la prensa que lo que vivió ese día “en carne propia” fue una conspiración e intento de golpe de Estado y de destruir el orden constituido.
En la ciudad costera de Guayaquil, otro grupo de asambleístas realizan un plantón en solidaridad con sus colegas. “Este hecho pretende ser dejado en la impunidad. Nosotros, solidarios con nuestros compañeros que hoy están testimoniando en Quito, estamos realizando un plantón para que sepan que no vamos a permitir que esto quede impune”, dijo.
Agregó que un delito flagrante no puede quedar en el olvido y recordó que el 30 de septiembre, el coronel Rolando Tapia incumplió su deber y permitió el ingreso de un grupo de policías sublevados.